Por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, cinco exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, fueron enviados a la cárcel por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
Se trata de la exministra de Salud, Violeta Menjívar; el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez; el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández; el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega.
Mientras que para el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo Belarmino López Suárez, exministro de Agricultura y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública, se enviará oficio a la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol El Salvador, para que se tramite la difusión roja con la Secretaria General de ese organismo policial cuya sede es Lyon, Francia, la pretensión fiscal será localizar a los cinco exfuncionarios prófugos y luego tramitar el proceso de extradición.
La Fiscalía General de la República los acusa de haber recibido dinero [a través de bonos] de forma ilegal entre los años 2009-2014, fondos que con el aval de Mauricio Funes los entregaba supuestamente Francisco José Cáceres Zaldaña, exsecretario privado de la Presidencia de la República.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos detalla en el expediente que el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente es $2,643,000 y por eso les atribuyen el delito de lavado de dinero.
La conducta reprochable para los exfuncionarios es haberse apropiado de fondos públicos a través de esos cobros mensuales que hacían pese a que como responsables de diversas carteras de Estado tenían su salario mensual y diversas prestaciones.
En la audiencia el ministerio público presentó al juez una serie de documentación consistente en los recibos de cobros que iban desde los $150,000 hasta los $565,000 que recibieron en el quinquenio del prófugo Mauricio Funes.
Los fiscales agregaron análisis financieros contables que también confirman la desviación de fondos de manera ilícita desde la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República y salieron de la partida de gastos reservados.
Esos elementos probatorios los refuerza la Fiscalía con la información aportada por dos testigos criteriados que en el caso «Saqueo Público» ya declararon aportando detalles sobre el plan diseñado por Funes para saquear fondos desde Casa Presidencial y luego utilizarlos en la adquisición de bienes inmuebles, viajes de placer con amigos y familiares y llevar un vida llena de lujos junto a su familia y allegados.
«Los imputados recibieron dinero proveniente de los gastos reservados de la Presidencia que como ya se determinó en la investigación del caso Saque Público, los gastos reservados de la Presidencia fueron objeto del delito de peculado, entonces de ese dinero que fue peculado por los funcionarios del gobierno de Mauricio Funes ellos recibieron ese dinero; esa es una modalidad de lavado de dinero. Y la otra modalidad es el ocultamiento, ellos recibieron esas cantidades mensualmente al margen de la ley porque no provenía de su salario nominal», explicó detalladamente la representante del ministerio público sobre las dos modalidades de blanqueo en la que incurrieron los 10 imputados.
Los montos recibidos de forma ilegal por los imputados según la Fiscalía
1 Salvador Sánchez Cerén $530,000
2 Carlos Enrique Cáceres Chávez $210.000
3 José Guillermo Belarmino López Suarez $565,000
4 Manuel Orlando Quinteros Aguilar $290,000
5 Calixto Mejía Hernández $208,000
6 Lina Dolores Pohl $177,000
7 Violeta Menjívar $177,000
8 Hugo Alexander Flores Hidalgo $174,000
9 José Manuel Melgar $150,000
10 Erlinda Handal Vega $162,000
