El 24 de mayo del año 2010, David Gutiérrez, exministro de Obras Públicas en el gobierno de Elías Antonio Saca, fue denunciado en la Fiscalía, por actos de corrupción en la construcción del Bulevar Monseñor Romero fase II, que al principio se llamaba Bulevar Diego de Holguín.
Casi 12 años después, el fiscal general Rodolfo Delgado, ordenó que fuera acusado por el delito de peculado (apropiarse de fondos del Estado), acción que cuatro exfiscales omitieron, por la institución pasaron Romeo Barahona, Luis Martínez, Douglas Meléndez y Raúl Melara, pero en sus gestiones, David Gutiérrez fue protegido, ninguno de los exfuncionarios lo quiso procesar.
La fase II del bulevar fue adjudicada por Gutiérrez al asocio Copreca- Linares, representado por el guatemalteco prófugo, Jesús Hernández Campollo, mediante un contrato llave en mano se acordó que la obra costaría, $25,652,957.16.
Pero el MOP pagó $19,740,349.54 por una obra inconclusa, en laudos arbitrales erogó $13,142,378.96 y por una garantía que se le entregó a la empresa se pagaron $10 millones; al final la cartera de Obras Públicas terminó cancelando $42,882,728.5
Cuando la Fiscalía indagó la participación que tuvieron 18 involucrados en esa trama de corrupción fue individualizando los montos a cada uno y David Gutiérrez, según la acusación presentada el pasado jueves en el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador, es responsable de un desfalco de $13,723,132. 60. Los demás imputados ya fueron procesados.
Un peritaje técnico y valúo, determinó que el avance real de la obra según el diseño original era 42.42%, pero al incluir el diseño original y el rediseño, fue de 48.89%, ya que el rediseño implicó la reducción de obras a ejecutar.
Las irregularidades
En las pesquisas realizadas por el ministerio público se detectó que Gutiérrez, adjudicó el diseño y construcción del tramo II del bulevar a la empresa Constructora Copreca-Linares pese a que no reunía los requisitos para realizar el proyecto, esa información la extraen los fiscales de la Unidad Anticorrupción luego de entrevistar a varios testigos.
Se ha documentado que el 21 y 23 de diciembre del año 2005, se otorgó un anticipo a Copreca-Linares, a esa fecha no había completado la solvencia fiscal y de seguridad social que era un requisito indispensable para firmar el contrato.
Ese anticipo fue por $7,695,887.15, equivalente al 30% de la obra, Gutiérrez, avaló el pago dos días después de la orden de inicio de la obra, en el contrato llave en mano se había plasmado que el anticipo no podía sobrepasar el 20%.
El contrato fue suscrito el 28 de noviembre de 2005, la normativa establece que para otorgarse un anticipo es necesario presentar las garantías correspondientes dentro de los 15 días después de la orden de inicio de la obra, no obstante, Copreca-Linares emitió una factura el 7 de diciembre del mismo año por $5,039,784.59. En las partidas contables se hace ver que faltan las garantías, pero después aparecen con fecha 8 de diciembre de 2005, esto ocurrió antes de la orden de inicio que fue el 19 de diciembre de 2005, según la investigación realizada.
La garantía se emitió con fecha previa a la orden de inicio, favoreciendo el pago acelerado del anticipo y al final de esos $7.6 millones que se entregaron en concepto de adelanto por el proyecto, el asocio Copreca-Linares solo pagó $4,565,213.64, nunca se cancelaron $3,130,673.51, esa irregularidad, según las indagaciones fueron conocidas por David Gutiérrez, quien era ministro de la gestión de Antonio Saca, y son cifras que suman en el desfalco que le atribuyen.
