Para el Fiscal General, Rodolfo Delgado es importante conocer «cuánto costó la denominada paz» que en su momento fue firmada, entre otros, por dos expresidentes que están prófugos: Alfredo Cristiani, del partido ARENA, y Salvador Sánchez Cerén, que forma parte de la cúpula del partido FMLN, del cual varios de sus miembros están siendo procesados en los tribunales por delitos relativos a corrupción y el lavado de dinero.
A partir de este planteamiento, la Fiscalía iniciará la cruzada para conocer cómo era administrado el Estado desde el primer gobierno del partido ARENA tras la firma de la cuestionada paz.
«Existen investigaciones del pasado, desde la administración del expresidente Alfredo Cristiani, que vale la pena investigar, cuánto le costó al pueblo salvadoreño la denominada “paz” que nos vendieron en aquel entonces y conocer de qué manera se administraba el Estado. Por ese motivo es que la Fiscalía ha decidido emprender esta cruzada porque vale la pena que se le dé una explicación a la sociedad salvadoreña de por qué no se hicieron las cosas adecuadamente», dijo Delgado en la entrevista televisiva.
En marzo de 2022 Cristiani dio a conocer que no se sometería a la justicia salvadoreña por la que es requerido por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989. Actualmente estaría escondido en Italia. Mientras que Sánchez Cerén buscó refugio con su amigo. el dictador Daniel Ortega tras conocerse que era señalado por actos de corrupción.
En septiembre de 2021 la Asamblea Legislativa aprobó la no prescripción de los delitos relacionados con la corrupción que provienen, principalmente, de funcionarios públicos, y en 2016 la Corte Suprema eliminó la ley de Amnistía que impedía investigar delitos de lesa humanidad como la masacre de los Jesuitas.
En el caso de Sánchez Cerén, firmante de los acuerdos de paz, se le procesa por desvío de $183 millones. Al respecto, Delgado dijo que funcionarios del pasado «Esperaban una prescripción de 10 años (del delito), posteriormente quedaba la sensación de impunidad en el ambiente y de que esos dineros nunca iban a retornar a los salvadoreños».
Según Delgado, con las reformas se van sentando precedentes que permiten prevenir este tipo de eventos en los que funcionarios simplemente se enriquecen. «Los resultados de las investigaciones han servido para mostrarle a los salvadoreños el mecanismo y la forma de operar de los gobiernos anteriores», afirmó.
