El padre y el hermano de César Funes, exsecretario de la Juventud en el gobierno de Elías Antonio Saca, admitirán que lavaron dinero a cambio de que se les condene a tres años de prisión y se les reemplace por trabajo de utilizad pública.
Se trata de César Daniel Funes Cruz y Gerardo Antonio Funes Durán, quienes también se han comprometido a devolver al Estado los $1.3 millones que lavaron a través de la agencia de publicidad Funes y Asociados.
Los dos imputados ya han negociado esa salida alterna al proceso con la Fiscalía General de la República, lo cual les garantiza una pena leve y evitar el proceso penal ordinario que los podía llevar a una condena de hasta 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
«En el caso de los señores Funes los abogados han promovido un procedimiento abreviado, ellos consideran tener a bien que con las conversaciones previas que se habían dado con la Fiscalía motiva esa salida alterna y reducir el proceso ordinario a un proceso abreviado, explicó uno de los fiscales del caso.
El representante del ministerio público dijo que se les condicionó el resarcimiento de la responsabilidad civil de $1.3 millones a cambio de otorgarles el procedimiento abreviado.
«Ese acuerdo se venía considerando desde antes, ya en la fase de instrucción, pero no se llegaba a ese acuerdo porque no lograban el monto, ellos no alcanzaban a cubrir ese monto, entonces hoy consideran que sí lo pueden cubrir, han realizado negociaciones ya con las autoridades de la institución y ellos motivaron ese procedimiento abreviado», agregó el fiscal del caso.
SEGUNDO DÍA DEL JUICIO
Ayer, la defensa de los dos imputados le plantearon al tribunal que estaban dispuestos a someterse al procedimiento abreviado y que se les enjuiciara bajo esa figura que señala el Código Procesal Penal, pero el momento para hacer esa solicitud ya había terminado pues tuvieron que promoverlo en etapa incidental (presentación de peticiones).
Al solicitarlo el procedimiento abreviado de forma extemporánea, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador tomó la decisión de separarlos del proceso para que sea otro tribunal de sentencia el que los enjuicie y avale esa salida alterna.
Para tomar la decisión de separarlos del proceso el tribunal deliberó y por mayoría, dos jueces decidieron que sea otro tribunal el que los enjuicie.
En la vista pública, el abogado Lisandro Quintanilla también solicitó procedimiento abreviado para Octavio Orantes Marenco, uno de los cinco exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), pero el tribunal no accedió ya que la Fiscalía no tenía ningún acuerdo previo y no existe certeza de que vaya a darse.
El procedimiento abreviado está regulado en el artículo 417 del Código Procesal Penal y principal requisito para otorgarlo es que el imputado confiese el hecho y recibir una pena acordada con Fiscalía, la cual debe ser desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista por el delito atribuido.
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Cuando un tribunal enjuicia a un imputado bajo procedimiento abreviado revisa que se reúnen los requisitos y características que establece el Código Procesal Penal, donde se menciona que la confesión judicial debe ser clara, espontánea y determinante de haber cometido y participado en un hecho punible y rendida por el imputado ante el juez competente, podrá ser tomada como prueba, según las reglas de la sana crítica.
En la vista pública que comenzó el pasado martes la Fiscalía acusó a 13 imputados entre ellos a la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, señalada de lavar supuestamente $17, 604,000, el tribunal separó del proceso a tres imputados por estar con COVID-19, mientras que ayer, fueron también apartados del caso César Daniel Funes Cruz y Gerardo Antonio Funes Durán, porque enfrentarán el procedimiento abreviado en otro juzgado.
Entre los 13 acusados, el ministerio público dice que supuestamente lavaron $25.6 millones que fue el monto final determinado con la pericia financiera contable.
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