El ministro boliviano efectuó el anuncio en conferencia de prensa luego de una reunión del Consejo Nacional Estratégico, instancia conformada por 11 ministros de Estado, que evaluó la situación de la pandemia en el país sudamericano y los conflictos sociales generados por quienes se oponen a las vacunas contra la COVID-19.
Auza precisó que la presentación del carnet de vacunación y de la prueba negativa al virus se exigirá de nueva cuenta una vez concluida la emergencia sanitaria decretada en diciembre pasado.
Expuso que la determinación se tomó luego de escuchar a distintos sectores sociales y para proteger la salud de los grupos que se oponen a la vacunación contra la COVID-19, quienes con sus propias movilizaciones propagan el virus.
El funcionario señaló que por eso se toma la «decisión», para precautelar «la salud del pueblo boliviano».
Dijo que la determinación es para «preservar la seguridad de la población frente a ciertos grupos que no aceptan vacunarse», quienes realizan acciones «innecesarias» en medio de la emergencia sanitaria.
Antes del decreto supremo anunciado en diciembre pasado sobre la exigencia del carné de vacuna, el promedio de inmunización era de 34,372 dosis por día y después de la medida aumentó a 89,555, un incremento de 160 por ciento que marcó un récord, según los datos del Ministerio de Salud y Deportes.
«Era necesario implementar una medida de impacto (…) y así evitar que miles de bolivianos terminen en terapia intensiva o que muchas familias pierdan a sus seres queridos», comentó el funcionario.
En Bolivia se aplicaron hasta el 18 de enero alrededor de 11,3 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a personas partir de los cinco años de edad.
La nación sudamericana acumula 774,227 casos confirmados y 20,377 decesos asociados con la enfermedad desde el inicio de la pandemia en su territorio, el 10 de marzo de 2020.
