Diversas instituciones del Gobierno de El Salvador continúan realizando un trabajo coordinado y conjunto para continuar proporcionando transporte seguro y gratuito a los salvadoreños que usan las rutas 42 y 152.
El director de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT), Raúl López Velado, señaló que el servicio proporcionado por estas rutas sigue cumpliendo la ley y caracterizándose por ser seguro y cómodo para los salvadoreños que deben desplazarse a bordo de estas rutas.
Además, destacó el trabajo conjunto que el VMT hace junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), entre otras instituciones gubernamentales.
«Seguimos proporcionando este servicio a los usuarios de las rutas 152 y 42. La operación sigue estando ordenada. Las personas viajan sentadas y tranquilas. Las personas pueden ir cómodas y disfrutar el viaje; es lo que queremos ver en el transporte público. Colaboran en este esfuerzo la Fuerza Armada y la PNC, así como también muchas instituciones de gobierno», dijo.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele se caracteriza por el gran trabajo articulado que hace. Todo mundo se aboca a este esfuerzo. La población quiere ver un cambio en el transporte, que sea ordenado y seguro», agregó.
Durante los últimos días, el Gobierno de El Salvador ha realizado un despliegue de personal en los puntos de buses de la plaza Zurita, en San Salvador, y Zaragoza, en La Libertad, para proporcionar transporte seguro y gratuito a los usuarios de las rutas 42 y 152. El Gobierno ha puesto a disposición unidades de diferentes dependencias para trasladar a las personas de manera gratuita y sin aglomeraciones.
Además, parte de la logística, incluye la salida en tiempo y orden de cada uno de los buses y microbuses, así como también el despliegue de inspectores del Viceministerio de Transporte y elementos de la PNC, destacados en el lugar para tomar datos de los motoristas y las unidades que conducen y verificar que lo hagan con la documentación requerida por ley.