El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva política de restricciones de visas a propietarios ejecutivos y altos representantes de empresas de transporte terrestre, aéreo y acuático que ofrezcan servicios a personas que intentan migrar irregularmente a Estados Unidos.
«Estamos enfrentando a los traficantes de migrantes, esas empresas de transporte que están cobrando precios de extorsión, aprovechándose de los migrantes vulnerables y facilitando la migración irregular en los Estados Unidos», recalcó el subsecretario de Estado Adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, a través de una conferencia telefónica.
«Utilizaremos esta política para adelantar al cese de las operaciones» que promuevan la migración irregular, aseguró el funcionario.
La nueva medida es resultado del trabajo con socios regionales para proteger a los migrantes, señaló. Además, aclaró que la norma está dirigida únicamente a extranjeros.
Jacobstein manifestó que si hay revocaciones se harán públicas a través del Departamento de Estado, pero que por el momento son confidenciales.
El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Blas Nuñez-Neto, mostró su preocupación por el rol del crimen organizado en los flujos migratorios.
Mencionó que habrá «consecuencias serias» para los propietarios y personas que trabajan en las compañías de transporte, que «se están beneficiando y explotando a los migrantes», reiteró.
La asistente adjunta del presidente y asesora principal para Migración y Coordinación de la Frontera Suroeste, Emily Mendrala, detalló que con ello envían un mensaje a los actores viven a expensas de las personas y que se aplicará la ley.
Nuñez-Neto recordó a los migrantes que si ingresan por vías no legales serán deportados. Desde el levantamiento del Título 42, el 12 de mayo del año pasado, más de 550,000 han sido expulsados, «incluyendo más de 90,000 miembros de familias, esas son cifras récords», expuso.