Decenas de guatemaltecos de grupos indígenas, sindicatos y comerciantes de mercados, se manifestaron este lunes en el octavo día de protestas y denominado también paro nacional indefinido, reclamando la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, en varias sedes de la Fiscalía. La población los acusa de corrupción por allanar las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante supuestas irregularidades en las elecciones del 25 de junio.
Los líderes de comunidades y ciudadanía en general exigen el cumplimiento de la democracia reflejada en las votaciones de junio y del 20 de agosto, en la segunda vuelta electoral, que la que se definió el gane de Bernardo Arévalo como presidente electo.
«Me robaste hasta el miedo», «Delincuentes renuncien ya», «No queremos más corruptos», «Consuelo, el tiempo se te agota», fueron algunas pancartas en las marchas.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), hasta las 3:37 de la tarde, reportó 144 vías bloqueadas.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, responsabilizó a la fiscal Porras de la inestabilidad política del país, luego de que la funcionaria emitió un pronunciamiento a través de las redes sociales en el que señaló que «las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito».
«La persona directamente responsable de la crisis política que estamos viviendo es Consuelo Porras, quien ha utilizado la institución del Ministerio Público para intentar alterar el orden constitucional. Ahora aprovecha para culpar a la población que defiende la democracia, pero el rechazo hacia ella y sus acciones es total, profundo y absoluto. El único camino digno es su renuncia inmediata», compartió Arévalo.
Porras aseguró que reconoce el derecho de manifestarse, pero que también debido a «los bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenazas a comerciantes, así como la obstrucción del acceso de varias sedes de la Fiscalía a escala nacional y juzgados» realizará investigaciones.
«Estas acciones ilegales vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal de nuestra institución, lo cual pone en riesgo acceso a la justicia por medio de la investigación, obstruyendo la persecución penal», afirmó.
«Como fiscal general, estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados, y debo garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, de las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos», aseguró.
