Un muro separa ahora las viviendas de láminas y madera ubicadas en el arriate central del bulevar Cancillería y la finca El Espino, lugar donde por años decenas de familias, en su mayoría jornaleros, residieron antes de ser desalojados.
«La familia Dueñas permutó parte de la finca donde vivíamos debido a la ampliación del bulevar Monseñor Romero, luego sufrimos el desalojo», señaló Concepción de María González, de 39 años, secretaria de la directiva en la comunidad El Espino.
Según los habitantes fueron unas 215 familias las afectadas con el desalojo ocurrido el 16 de mayo del 2018, de estas una tercera parte cerca de 150 familias se fueron a vivir al caserío La Reforma ubicada cerca del polideportivo de Ciudad Merliot y el resto, 65 familias, viven en casas de lámina y madera ubicadas en el bulevar Cancillería.
«Gracias a Dios la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán nos permitió habitar por el momento, en el arriate del bulevar Cancillería y luego de eso hicimos todo lo posible para que se nos gestionarán pronto lo de las casas, pero ya pasaron dos años y aún no nos han dado una fecha exacta para pasarnos a los apartamentos», apuntó González.
Desde enero de este año, el Gobierno con el apoyo de la Fundación Gente Ayudando Gente y con la mano de obra de decenas de reos en fase de confianza iniciaron la construcción de 63 apartamentos en un sector de la finca El Espino ubicada cerca del bulevar Cancillería, con la zona residencial buscan beneficiar a igual número de familias que residen en la comunidad.
PRÓXIMA ENTREGA
«A finales de enero (2021) tenemos planificado entregar 30 apartamentos, de los 63 que se están construyendo para que las familias comiencen a trasladarse, el total de la obra pensaba entregarse para finales de marzo, pero con los tres meses que estuvimos parados por la pandemia, no se tiene aún una fecha establecida para entregarlos en su totalidad», explicó Miguel Ángel Alvarado, encargado del proyecto habitacional El Espino.
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Por el momento, en la comunidad residen un total de diez adultos mayores, 53 niños y 100 adultos, quienes se dedican a trabajar de jornaleros, zapateros, comerciantes y mecánicos.
«Para estas fechas de navidad y fin de año es una tristeza estar aquí, porque uno como papá quisiera un lugar mejor para que sus hijos vivan, pero confiamos en Dios que pronto llegará la respuesta y nos dará un lugar mejor», reflexionó Claudia Alejandra Sosa, de 20 años.
Sosa indicó que, junto a ella, en una misma casa, viven un total de 12 personas; su mamá, siete hermanos y cuatro niños. Agregó que se sienten preocupados por el espacio de los apartamentos que les están construyendo.
«Los apartamentos son de dos y tres cuartos, no sé cómo haremos para vivir las 12 personas en un solo apartamento. Pero a la larga uno se va a quedarse con lo que salga porque no tenemos para donde irnos, si nosotros tuviéramos para donde irnos la mejor opción sería irnos, pero lastimosamente no tenemos ni dinero, ni los medios para construir en otro lado», apuntó Sosa.
El desalojo
El 16 y 17 de mayo del 2018 un juez de paz de Antiguo Cuscatlán, con el apoyo de la Policía, llegó al lugar para desalojar a decenas de familias de la finca El Espino. Esa noche del 16 de mayo, camas, sillas, mesas, barriles y ropa fueron arrojados a la calle, por lo que los desalojados decidieron colocarlos en la zona verde del bulevar Cancillería y proteger sus pertenencias con plástico donado para cubrirlos de las lluvias.
«Cuando fuimos desalojados, el IDHUCA y otras ONG nos donaron diez láminas por familias para que pudieran construir las champas en las que ahora viven. Fuimos sacados en época de invierno, estas entidades nos donaron las láminas para que nos cubriéramos de las lluvias. Sin embargo, a la mayoría de familias se les mojaron sus pertenencias y lo perdieron todo», explicó Concepción de María González.
Agregó que antes de ser desalojados agotaron todas las instancias legales para que les dieran las tierras y seguir viviendo en la finca.
«Tuvimos como diez años de lucha, desde que [Mauricio] Funes ingresó al Gobierno, incluso buscamos amparo en la Sala de lo Constitucional y ellos lo revocaron, y ahí fue que quedamos desamparados en el 2018. Nos acusaron de usurpadores violentos, cosa que en ningún momento el juez pudo demostrar», apuntó González.
La secretaria de la directiva agregó que durante el tiempo que circularon los rumores del desalojo les dieron dos opciones, una recibir $8,000 e irse del todo de la finca o agarrar un terreno de 150 varas en el caserío La Reforma.
«Los que eran socios e hijos de socios tenían las dos cosas, el terreno y el dinero. Nosotros como colonos decidimos quedarnos porque no teníamos donde irnos a construir. Ahora solo esperamos que el Gobierno nos indique cuándo podemos habitar los apartamentos», puntualizó González.
