En el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador son enjuiciados 38 miembros de la Pandilla 18 acusados por la Fiscalía General de la República de asesinar a 13 personas en el Puerto de La Libertad.
Todos los mareros también son enjuiciados por agrupaciones ilícitas delito que el ministerio público pretende probar con declaración de testigos quienes confirmarán la permanencia de los imputados en la estructura terrorista.
En las pesquisas realizadas por agentes policiales bajo la dirección de fiscales de la oficina de Zaragoza, han logrado establecer que los homicidios fueron planificados y perpetrados por diversos móviles.
Los mareros decidieron asesinar a varios personas que en su momento se negaron a colaborar con la estructura y por eso decidieron que debían ejecutarlas ya que las consideraron como enemigos.
En el caso de otras víctimas, los imputados sospechaban que eran de la Mara Salvatrucha y para evitar que invadieran la zona donde ellos delinquían, decidieron asesinarlas.
Los diversos hechos delictivos los comenzaron a cometer desde el año 2004 hasta el año 2014, así lo ha planteado la Fiscalía al juzgado especializado.
Duranta la vista pública el ministerio público presentará declaración de varios testigos que incriminan a los mareros en los homicidios y cuentan cómo fueron cometidos los hechos.
También la declaración de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estuvieron indagando la estructura terrorista, con su testimonio se reforzará el delito de agrupaciones ilícitas.
A estos pandilleros todavía no les aplicarán la reforma que la Asamblea Legislativa hizo al Código Procesal Penal en lo relativo al delito de agrupaciones ilícitas ya que el caso fue iniciado antes de las enmiendas.
Previo a la reformas los jueces imponían tres años por colaborar con las pandillas, cinco años a los miembros de las estructuras y nueve a los cabecillas, pero con la reforma al Código Penal las sanciones oscilan entre los 20 5y 45 años de cárcel.