El sentido común nos indica que para mejorar hay que saber qué necesitamos mejorar. En cualquier proceso realizado por el ser humano, la práctica de la evaluación nos orienta con buen sentido el camino de la mejora continua. Pero cuando la evaluación es disfuncional solo sirve como pretexto para mantener el atraso y la mediocridad. El atraso evidente en el que se encuentra la Universidad de El Salvador (UES) se debe en buena medida a la disfuncionalidad de la evaluación del desempeño en todos los niveles de la institución.
Las autoridades de la UES son las responsables de esta disfuncionalidad. Existe una burocracia pesada en la UES, que incluye una Asamblea General Universitaria (AGU) con 72 miembros y sus respectivos suplentes, un Consejo Superior Universitario con 37 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, 12 juntas directivas que gobiernan cada una de las facultades con siete miembros propietarios y sus respectivos suplentes, un rector, dos vicerrectores, 12 decanos, 12 vicedecanos, más de 100 puestos de jefaturas, y un abundante número de comités y consejos consultivos, que unidos todos son los responsables de diseñar, aprobar, implementar y operar el sistema de evaluación del desempeño de la UES, pensando que esta burocracia sirva para la mejora continua de la institución en el cumplimiento de los fines y en favor de los ciudadanos.
Pero toda esta burocracia ha sido incapaz de cumplir su labor en la mejora del desempeño, pues, por ejemplo, la Asamblea General Universitaria tardó más de dos años para aprobar el reglamento que establece las directrices para la evaluación del desempeño, y al Consejo Superior Universitario le tomó más de 12 años aprobar un manual de desempeño para el personal docente, esto a pesar de que han tenido la obligación de hacerlo desde 1999, cuando se aprobó la Ley Orgánica de la UES.
La disfuncionalidad surge por la aversión a la evaluación del desempeño en la UES. Esta aversión se observa en la negativa de años en aprobar los manuales de evaluación del desempeño. En el caso de la evaluación del desempeño del personal administrativo, no ha sido aprobado el manual a pesar de que existe la obligación por mandato legal. Esto permite que la gestión de las evaluaciones se realice bajo un esquema de clientelismo político, que facilita repartir aumentos salariales y promociones laborales sin la debida justificación y transparencia. Así, se entiende por qué el vicerrector administrativo de la UES sugirió en una reunión entre miembros de la Asamblea General Universitaria y el Consejo Superior Universitario que en la UES existe desorden administrativo, y que para conseguir un aumento salarial se necesita ser amigo del decano; y tal parece que muchos aprenden a ser amigos de los decanos, pues hay muchos empleados que reciben salarios superiores al salario máximo establecido legalmente en su categoría escalafonaria. En estas condiciones, la aversión a la evaluación del desempeño es crónica y el incentivo a la mejora es nulo, porque parece que vale más ser amigo de los tomadores de decisiones de la UES para ascender laboralmente.
En la evaluación del desempeño se incumple la normativa universitaria. Los falsos defensores de la autonomía hablan de la defensa de la autonomía como argumento para evadir la controlaría ciudadana y el de las instituciones del Estado, pues tienen como hábito la violación de la legislación y de los derechos de las personas, solo por tener el poder político dentro de la UES. En estas violaciones a la legislación universitaria manipulan el disfuncional sistema de evaluación del desempeño. Hay jefes en la UES que incumplen realizar la evaluación periódica del desempeño, aunque cobran un sobresueldo por asumir esta obligación.
También sucede que se modifican los instrumentos de evaluación del desempeño docente sin que se tenga la autoridad legal para realizarlo. Los comités encargados de la administración periódica de la evaluación del desempeño no la realizan todos los años como les corresponde, y cuando la realizan se tardan más tiempo que el plazo máximo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos para entregar los resultados. Los expedientes laborales, que deberían reflejar la trayectoria del personal de la UES, no se actualizan como es debido, y los resultados de las evaluaciones no se informan al personal como lo establece la técnica administrativa y el derecho constitucional a la legítima defensa. Así, además, sucede que los procesos de promoción laboral se manipulan mediante cambios arbitrarios de los resultados de las evaluaciones.
En estas condiciones, ¿cuándo podrá salir del atraso la Universidad de El Salvador?
