El prestigioso periódico «El País», de España, publicó el domingo 17 de abril de 2022 un artículo del periodista salvadoreño Óscar Martínez con este destacado encabezado «¿Huir o permanecer?: ser periodista en el país de Bukele. Hoy mismo, publicar la fotografía de una pinta de pandillas en un barrio bajo su control puede costarte la misma condena que si cometés homicidio simple. Una foto. Una vida. 15 años».
Dicho enunciado es verdad y es mentira.
Es verdad porque las actuales reformas a la legislación penal castigan como delito (el homicidio es un delito) cualquier forma de reproducción y en cualquier medio, incluyendo los grafitis, que contenga mensajes de las pandillas, pues se ha comprobado que estos grupos criminales utilizan múltiples y sofisticados medios para comunicarse entre sí, enviar órdenes de los cabecillas para cometer sus crímenes (extorsiones, asesinatos, violaciones, secuestros, etcétera). En vista de que uno de esos medios son los grafitis en muros y paredes de diversos territorios, el Gobierno desarrolla una amplia campaña de borrado de grafitis.
¿Eso quiere decir que los grafitis están prohibidos en El Salvador? Desde luego que no. Los pasos a desnivel en el bulevar Constitución están ilustrados con grafitis pintados por jóvenes artistas urbanos. Están prohibidos los que transmitan mensajes, por cualquier medio, incluso una fotografía. Por lo que la publicación de «El País» contiene una media verdad.
Otro hecho que de forma engañosa que menciona el periodista Martínez es sobre su colega del periódico digital «El Faro» el español nacionalizado salvadoreño Roberto Valencia. Dice que desde el Gobierno, mediante un tuit, lo atacaron por la presentación del libro «Cartas desde Zacatraz», en Casa de América, en noviembre de 2018. Lo que omite con toda intención el señor Martínez es la confesión sincera y espontánea de Valencia de haber llevado un mensaje de uno de los más peligrosos líderes de las pandillas apodado el Directo. Confiesa Valencia que el Directo le pidió que le llevara un mensaje a su esposa y otro a una jueza, y él lo hizo. ¿Qué mensaje llevaría a la esposa? Pudo haber sido algo muy personal o algo vinculado con sus actividades delictivas que ella debería hacer llegar a otros pandilleros. No lo sabemos. ¿Qué mensaje le llevó a la jueza? Sin duda no sería una felicitación por su cumpleaños. Pudo ser una advertencia o una amenaza. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, porque él mismo lo dijo, es que como periodista, en el marco de una entrevista con un jefe criminal, se prestó para llevar un mensaje.
Por eso en las reformas penales se castiga a cualquiera, incluso a los periodistas, como autores de conducta delictiva, si transmiten mensajes de las maras. ¿Eso pone en peligro la libertad de prensa? Desde luego que no. ¿Se está acusando al señor Valencia de haber cometido un delito? No. Pues en noviembre de 2018 esas acciones no constituían delito y las reformas no son retroactivas.
Pero el caso del señor Juan Martínez, que no lo expone como ha sucedido, es diferente. En la entrevista que dio a RT transmitida cuando las reformas ya estaban vigentes, él lo dice con voz en cuello «las pandillas juegan un rol social». Y más adelante, frente a la épica campaña en contra de estos grupos terroristas que a la fecha reporta más de 17,000 capturados, sin tapujos, afirma que desarticular a las pandillas generaría un caos social. En una campaña contra «periodistas opositores», como se difunde en el exterior, estas afirmaciones habrían bastado para capturarlo. Pero no sucedió, como tampoco existe la ley mordaza que denuncia «El Faro», sin que a la fecha ningún medio opositor, por mucho que distorsionen y manipulen los hechos, haya sido sancionado, amordazado o cancelado.
Querer meter a este baile a Carlos Fernando Chamorro, un periodista perseguido por el régimen opresor que gobierna su país, es un malabarismo que no se puede sostener.
Carlos Fernando es hijo de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el dictador Anastasio Somoza, y su familia ha estado vinculada toda la vida a la prensa en Nicaragua, es decir, viene de una casta de periodistas. Y ha sufrido personalmente la agresión del régimen Ortega/Murillo, le han cateado sus estudios y oficinas, lo han amenazado en múltiples ocasiones, le han capturado a su hermana y sin base legal la han condenado a prisión. Un caso clarísimo de persecución que demanda solidaridad dentro y fuera de su país.
El caso de Martínez no se parece, y la referencia a su tío el mayor, Roberto D’Abuisson, por muchos escozores que genere entre los miles de familiares de las víctimas del conflicto armado de los ochenta, no tiene por qué perjudicarle a él ni a su hermano. Uno no escoge a sus familiares. Y tanto su padre, Edin Martínez, como su madre, hermana del mayor, jamás fueron relacionados con los crímenes del tío, al contrario, estuvieron más cerca de las víctimas.
Y su libro «El niño de Hollywood» es un magnífico trabajo para entender el submundo de las maras, su origen, su funcionamiento, es en realidad una excelente obra literaria publicada y difundida desde 2019. No veo por qué traerla a cuenta como material que no se puede presentar en El Salvador.
En resumen, «El País» con esa publicación está abriendo un debate que debería conducir a un resultado beneficioso para el sufrido pueblo salvadoreño.
Darle voz a los periodistas que se sienten incómodos, que ya no tendrán acceso a una de sus fuentes de trabajo y financiamiento, no está mal, si también se informa desde el Estado, desde la sociedad, desde la gente de a pie, que no se entrevista con los terroristas para publicar trabajos académicos o periodísticos, sino para pagar las extorsiones o recibir el cadáver de un ser querido o la infausta noticia de su desaparición.
Esto no descalifica el trabajo periodístico ni de investigación, pero han pasado años, décadas, en las que se publican las acciones criminales de estos grupos, cada vez más sofisticadas, más organizadas, más estructuradas, sin que los periodistas o académicos aporten a la solución.
Hoy, por primera vez, en más de 30 años de gobiernos que las vieron nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse, fortalecerse, negociar con ellas, tratar de cooptarlas para ganar elecciones, se están combatiendo en serio, sin tregua ni descanso. Sin el apoyo de ningún Gobierno ni organismos internacionales, más bien sufriendo su crítica y sospecha. Y la ofensiva violenta que lanzaron no solo está bajo control, sino que, dado el respaldo masivo de la población, está permitiendo irles ganando la batalla. Y para ganar definitivamente esta lucha contra las maras y demás grupos del crimen organizado es necesario que la moral de las fuerzas del orden no se mine por noticias y comentarios tendenciosos de medios y periodistas desafectos al Gobierno o que no simpatizan con el presidente Bukele, pues el daño se le hace al país.
Desde luego, como toda obra humana perfectible, habrá errores. El presidente Bukele habló de un 1 %, puede ser menos o puede ser más, lo que importa es corregir aquellos que se detecten. Esta batalla está dando los resultados positivos registrados hasta la fecha, gracias al trabajo previo desarrollado con el Plan Control Territorial que ha permitido un récord de más de 600 capturas diarias, obra descomunal para un país donde los criminales se burlaban de la autoridad y del sistema de justicia.
Por tanto, apoyar las medidas que implementa el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía General de la República y los órganos Legislativo y Judicial debería ser una tarea a la que nos sumáramos todos, incluso la oposición política y la prensa nacional e internacional, que hoy por hoy solo ven errores y amenazas.