Evadir la justicia dejando El Salvador ha sido una práctica recurrente en los últimos meses por parte de políticos o exfuncionarios de gestiones gubernamentales y legislativas.
Dos expresidentes bajo la bandera del FMLN encabezan la no tan honrosa lista de políticos prófugos de la justicia.
Nacionalizados nicaragüenses, tanto Mauricio Funes como Salvador Sánchez Cerén han dejado pendientes en su contra procesos ante la justicia salvadoreña.
Sobre Funes se libran siete procesos, que van desde el desfalco al Estado por más de $350 millones, la entrega de dádivas a diputados durante su mandato presidencial y las negociaciones irregulares en proyectos públicos hasta la difusión de información confidencial.
Desde Nicaragua, Funes aún sostiene que en El Salvador era un perseguido político por sus pensamientos e ideología, pero esa frase desentona con las pruebas fiscales entre gadas sobre la red de desvío de fondos que instauró durante su quinquenio al frente del Ejecutivo.
La situación de Salvador Sánchez Cerén es bastante similar: enriquecimiento ilícito es la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha establecido en su contra.
Durante su administración, El Salvador tuvo años cruentos por la violencia y los asesinatos; solo en 2017 hubo casi 4,000 fallecidos por hechos violentos.
Sánchez Cerén también estableció toda una red de desfalco a las arcas públicas para sustraer de manera irregular más de $58.7 millones.
En julio de este año, la FGR emitió una orden de captura en su contra, más otras para una decena de exfuncionarios de su gabinete por formar parte de esa red de extracción de fondos públicos.
A los dos expresidentes prófugos se suman el exdiputado Sigfrido Reyes, quien se encuentra refugiado en México, al igual que el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez.
También evaden la justicia los exministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales Hermán Rosa Chávez y Lina Dolores Pohl.
Al primero, la comisión especial que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios lo ha citado en una ocasión para comparecer.
Su reporte migratorio indica que se encuentra en Guatemala.
Mientras que de Lina Pohl no se ha podido confirmar su ubicación ni reporte de entrada o salida legal de tierras salvadoreñas.
Ella pertenece a la red de desfalco al Estado creada por Salvador Sánchez Cerén.
Esa práctica de evadir la justicia saliendo del territorio no ha sido exclusiva de políticos efemelenistas, ya que fue replicada por miembros del partido ARENA que también tienen cuentas pendientes con el sistema judicial salvadoreño.
Norman Quijano, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), es procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Además, Miguel Lacayo, exministro de Economía durante el Gobierno de Francisco Flores, tiene orden de ser llevado por apremio ante la comisión especial que indaga sobre la entrega ilegal de fondos públicos desde la Asamblea Legislativa a organizaciones no gubernamentales.
Se le señala de estar relacionado con la Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR), ONG que habría recibido más de medio millón de dólares erogados por el congreso gracias a un mecanismo de desvío financiero creado por ARENA.
Otro exfuncionario arenero que también tiene orden de apremio es el exsecretario jurídico de la presidencia en el Gobierno de Flores, Rolando Alvarenga, a quien la comisión que investiga el pago de sobresueldos ya lo citó a comparecer en dos ocasiones y no se presentó.
Esta lista la cierra el operario político conocido como Roy García, al que recientemente le fue imputado el delito de cohecho activo por la FGR tras ofrecer prebendas a dos diputados de Nuevas Ideas a cambio de votar diferente y dividir a la fracción cian con la fuga de entre 15 y 25 legisladores.
