El Código Electoral debe ser reformado o crearse una nueva ley para los próximos eventos en que los ciudadanos elegirán a funcionarios públicos, comenzando en 2027, señalan magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), analistas y politólogos. Noel Orellana, magistrado del TSE, señaló recientemente en el programa radial Las Cosas como Son que el Código Electoral necesita una renovación, pues data de 2013 y contiene artículos que no concuerdan con la realidad del país.
«Soy un fiel convencido de que el Tribunal debe contar con herramientas legales modernas. Este Código Electoral que nosotros hemos aplicado para las últimas elecciones data de 2013. ¿Cuántos años tiene ya? Como sociedad, nosotros evolucionamos y las leyes deben evolucionar», dijo.
Además, comentó que como parte de su análisis ha identificado al menos ocho disposiciones nuevas que deben ser incorporadas o modificadas en el Código Electoral. Orellana afirmó que, en primer lugar, se debe despolitizar al TSE, «porque venir a decir que el Tribunal es técnico no es cierto, todavía existen resabios de injerencias y politización».
Juan Gilberto Contreras, consultor en materia electoral, se refirió a favor, en el programa Diálogo 21, de que se haga una reforma constitucional en la manera de elegir a los magistrados del TSE, y que se cambie por un mecanismo de selección desde la ciudadanía.
«El Código Electoral ya dio lo que tenía que dar, es de crear un verdadero código procesal electoral, porque si hay un tribunal electoral ciudadano, donde no están los partidos, hay que darle más herramientas a la Junta de Vigilancia Electoral, que es la que va a defender los intereses de los contendientes», comentó.
También el politólogo Óscar Peñate respaldó la propuesta del magistrado Orellana de despolitizar al TSE.
«Que no haya cuotas de partidos políticos, sino que [los magistrados] sean ciudadanos, que no formen parte de las cúpulas partidarias y que tampoco sean propuestos por los partidos, porque los magistrados se convierten en jueces y parte del proceso electoral», dijo Peñate a «Diario El Salvador».
Actualmente, los tres partidos con más votos en las urnas proponen a un magistrado cada uno y se complementan con dos de la Corte Suprema de Justicia.
Orellana también sugirió la «ciudadanización de los organismos electorales temporales», que se otorguen más herramientas legales al TSE que le permitan ser más ágil y certero en el control de las campañas adelantadas y en los procesos para aplicar las multas, así como herramientas legales que permitan depurar el padrón electoral y contar «con un padrón electoral real».
Además, propuso reformas para un mejor control del financiamiento de los partidos políticos.
«Creo que el Tribunal Supremo Electoral debe tener una unidad especializada en controlar el tema de la fiscalización», dijo.
Orellana mencionó que debería haber disposiciones que otorguen un papel más activo a la Junta de Vigilancia Electoral sobre el trabajo del TSE y que debería hacerse una revisión de los requisitos que pide la ley y que deben cumplir los candidatos.
El magistrado Guillermo Wellman concordó con las sugerencias de Orellana y señaló que «sí es necesario hacer algunas mejoras» en la ley electoral, agregando una sugerencia relacionada con establecer como una obligación ciudadana la asistencia a votar.
«Lo más importante es hacerle ver al ciudadano el deber de ejercer la ciudadanía a través del sufragio y la obligación de que como ciudadano tiene derecho al voto. ¿Por qué en países como Ecuador llega a votar el 70 % de los ciudadanos? Porque el voto es obligatorio; aquí no, aquí se hace gran inversión para la elección y la gente no llega a votar», afirmó.
El magistrado electoral no desestimó la idea de que se debería reformar el sistema político salvadoreño para que las elecciones nacionales se hagan de forma digital, pues aseguró que el voto presencial tiene implicaciones medioambientales, ya que se requiere de toneladas de papel generadas de una masiva tala de árboles.
Peñate respaldó la propuesta de Wellman en el sentido de que las elecciones deberían ser electrónicas en su totalidad.
«No es posible que estén comprando toneladas de papel, lo cual implica estar depredando el medioambiente y estar contribuyendo al empeoramiento del calentamiento global, además del despilfarro de dinero. Ya se comprobó que el voto electrónico funciona», comentó.
A su juicio, en realidad no precisa reformar el Código Electoral, sino más bien crear uno nuevo «que parta desde la modernidad» y se ajuste a crear procesos electorales más transparentes y democráticos.
Peñate también indicó que una nueva ley electoral debería contemplar «separar los aspectos administrativos y jurisdiccionales, es decir, que [el TSE] tenga dos áreas administrativas y que los magistrados no estén a cargo de las dos, sino que sean separadas, para que tengan un mejor funcionamiento».