Millones de dólares fueron sustraídos directamente del fondo general de la nación por políticos corruptos. Podían utilizar mecanismos elaborados para simular pagos a empresas de fachada, tener cómplices como hacía Antonio Saca o elegir hacerlo descaradamente cuando lo sacaban en bolsas plásticas negras, como hacían los compinches de Mauricio Funes.
Sea cual fuere el método utilizado para robar y desfalcar al Estado, lo cierto es que desviaron los recursos para educación, salud y desarrollo nacional; los mismos que ahora, poco a poco, están volviendo a ser una prioridad del Estado, con el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Para evitar la detención, como Saca, Funes le compró su inmunidad al régimen orteguista, escapó del país amparado por la noche y aconsejado por el FMLN. Salvador Sánchez Cerén siguió su ejemplo, con los millones de la corrupción se asentó con su familia en Nicaragua, violó las leyes al obtener la nacionalización exprés, confiado en el negocio de Ortega que protege tanto a prófugos de corrupción como a terroristas de ETA y asesinos, como el italiano que secuestró y mató a un primer ministro.
Los $10 millones que ARENA le robó al pueblo salvadoreño los utilizó en la campaña presidencial de Saca, y en el camino hizo ricos a los proveedores de promocionales y de toda la parafernalia política ligada a estas argollas.
Ahora estamos ante la posibilidad de que parte del dinero donado por Taiwán para asistir a las víctimas de los terremotos de 2001 se use en favor de la sociedad.
La sede general, hogar de la infame estatua de Roberto dʼAubuisson, cabecilla de los escuadrones de la muerte y señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como el asesino intelectual de san Óscar Romero, podría convertirse en un gimnasio en el que los jóvenes se ejerciten y aprendan valores, en lugar de desear la muerte de otras personas y perseguir que El Salvador sea «una tumba».
También, los 14 vehículos decomisados a ARENA podrían ser asignados a la Cruz Verde, según la iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas. Ahí sí se les daría buen uso. Esto, sin embargo, no debe desviar la atención para que el sistema de justicia recupere los fondos robados a toda la nación.
