El próximo 3 de marzo se cumplen siete años de la masacre en San Juan Opico, departamento de La Libertad, donde diez empleados de una empresa distribuidora de energía fueron asesinados por pandilleros que también le quitaron la vida a un mozo para evitar testigos de la masacre ocurrida en una zona desolada del cantón Agua Escondida cuando las víctimas trabajaban en perforaciones para instalar postes del tendido eléctrico.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que los mareros utilizaron armas de fuego calibre 9 milímetros, escopetas y arma blanca para dispararle a las víctimas cuando estaban boca abajo y atadas de pies y manos.
Esta barbarie sucedió en 2016, durante el segundo gobierno del FMLN, bajo la gestión de Salvador Sánchez Cerén, caracterizada por la escalada incontrolable de asesinatos que solo en 2015 terminó con la vida de 6,656 salvadoreños como resultado del pacto entre pandillas que facilitó el gobierno de Mauricio Funes.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos López Rafael, Erick Salvador Moisés Durán, Nicolás Ascencio, José Alfonso Hernández Menjívar, Marvin Iván Durán Santos, José Carlos Espinoza Beltrán, Francisco Javier Ábrego, Jerson Carlitos Carías Murcia, Jorge Alberto Colorado Cabrera, Jonathan Gabriel Castellanos Rivas y Miguel Ángel Hernández.
En el caso de Miguel Ángel Hernández, lugareños relataron a «Diario El Salvador» que lamentablemente estuvo «en el lugar menos apropiado», ya que se había retirado de la zona, pero tuvo que regresar para cerrar la puerta de unos corrales donde estaban los animales que cuidaba. Esta acción no le hubiese tomado más de cinco o diez minutos y luego retirarse, pero fue interceptado por los asesinos.
Durante reciente visita hecha por este medio, se constató que en la zona la población vive más tranquila, ya que las estructuras terroristas que delinquían en el lugar han sido desarticuladas por la Policía Nacional Civil en el marco del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
«Hoy hay más confianza en cuanto al desplazamiento en esta zona; anteriormente fueron momentos difíciles porque estaba bien peligroso, los jóvenes se habían descarriado», afirmó un lugareño.
La misma fuente recordó que días antes de la masacre las víctimas habían estado abriendo hoyos para colocar postes para el tendido eléctrico, quienes pasaban por el lugar hasta se habían familiarizado con ellos. Sin embargo, la disputa de territorios entre pandillas rivales generó que los atacantes vieran en los trabajadores una amenaza. Fue así como los llevaron a unos 20 metros de donde se encontraban para ejecutarlos.
Ahí quedaron apilados los postes que debían ser colocados por las víctimas; meses después, las estructuras fueron colocadas y actualmente sirven para suministrar electricidad en San Matías, municipio ubicado a unos 4 km al norte de donde tuvo lugar el múltiple crimen.
AGUA ESCONDIDA VUELVE A LA TRANQUILIDAD
La captura de miles de pandilleros, así como la reducción de hechos delictivos en ese lugar, le ha devuelto la tranquilidad a los pobladores que poco a poco han vuelto a trabajar las tierras cosechando arroz, frijol y caña de azúcar.
Con todas las acciones operativas y combate a las pandillas que efectúa la Policía y la Fuerza Armada, que ha caracterizado la gestión del presidente Nayib Bukele, la población ha ido perdiendo el temor, pues lugareños aseguran que sienten más tranquilidad ver las fuerzas del orden patrullar y arrestar criminales.
«Encontramos a gente que trabaja en la agricultura y ganadería y nos dicen que respiran un clima más tranquilo y que las patrullas siempre pasan por este sector, nos expresan que es un clima más seguro y que pueden hacer sus actividades sin temor», relató una fuente policial.
En octubre de 2016, el Juzgado de Menores de Santa Tecla dictó condenas de hasta 15 años de prisión para dos menores de edad por esta masacre, mientras que en mayo de 2017, el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador emitió condenas de hasta 390 años de cárcel para siete criminales de la pandilla 18.
Los asesinos que fueron condenados son David Antonio Anaya Acosta, alias Baba; René Mauricio Huezo Landaverde, Street Boy; Héctor Mario Baiza Martínez, Flaco; Douglas Alexander Montano Durán, Caballo; Nelson Lobo Salgado Merino, Triste; Diego Armando Acevedo Serrano y Arnoldo de Jesús Dubón.