En una acción de calle, los sindicalistas de la Corte de Cuentas de la República (CCR), solicitaron un antejuicio para los magistrados de la institución y denunciaron que estos pretenden dar finiquitos exprés al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce y al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
«Estamos pidiendo un antejuicio en contra de ellos [los magistrados] porque se sabe perfectamente que están interesados en dar finiquitos exprés tanto a Mario Ponce, presidente de la Asamblea como para decir que el no se ha robado nada y todo ha sido correcto, y también a Ernesto Muyshondt», manifestaron.
Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR), aseguraron que los titulares de la institución tienen dependencia política con los partidos; ARENA, FMLN, PCN y PDC.
«Hay que decirlo con nombre y apellido; el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora es militante activo del partido ARENA; María del Carmen Martínez, militante del FMLN; y Julio Guillermo Bendek Panameño, no se define si es del PDC o PCN, ese es el pedigrí de los que están al frente de la Corte», expresó uno de los representantes.
Este martes, la Dirección Regional de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en Santa Ana y San Vicente, amanecieron cerradas en apoyo a la reducción de labores de los empleados de la cede central por incumplimiento de contrato colectivo y atropellos laborales por parte de los magistrados de la institución.
De acuerdo con los representantes SITCCOR, los magistrados de la institución se han negado a cumplir con el contrato colectivo y siguen realizando contrataciones ilegales sin realizar concursos internos para las vacantes.
Sumado a las exigencias nacionales, los empleados santanecos del ente contralor también tienen sus propias exigencias, como cambio de la sede donde funciona la institución, que aseguran se ha quedado pequeña para la cantidad de empleados que posee.
«Como regional Santa Ana estamos pidiendo que el local que tenemos ahorita ya no es adecuado, debido a que el edificio que tenemos es para una cantidad aproximada de 50 o 55 personas y ahorita tenemos más de 100 empleados», señaló un miembro del sindicato.
Además señalan que las actuales autoridades de la Corte están contratando a nuevo personal procedente de la Asamblea Legislativa, que ya no podrá seguir laborando en el órgano legislativo porque eran cuota de los partidos ARENA o FMLN, que perdieron una gran cantidad de diputados.
En San Vicente, los empleados de la oficina regional señalaron que «hay cláusulas que no se están respetando sobre la carrera administrativa, porque se contrata a personal allegado a los magistrados y no de la forma que se debe hacer, como dice el contrato colectivo».
Además, aseguraron que de no haber voluntad de diálogo por parte de los magistrados finalizarán cerrando la cede de San Miguel para dar por terminadas cualquier actividad laboral.
En horas de la tarde, el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora y la primera magistrada, María del Carmen Martínez, accedieron a tener una reunión con miembros del SITCCOR, en presencia del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quién se mantendrá como mediador durante el encuentro para lograr un posible acuerdo.