Una de las cosas que más caracterizará al 2020 en El Salvador es el bloqueo sistemático que la Asamblea Legislativa impuso constantemente a las iniciativas del Órgano Ejecutivo para beneficiar la calidad de vida de la sociedad salvadoreña. Situaciones como la emergencia a causa de la pandemia por la COVID-19, el Presupuesto General de la Nación 2021 y los fondos del FOMILENIO, fueron una muestra de los ataques permanentes que el Legislativo desplegó contra el Ejecutivo a lo largo de este 2020.
Bloqueo al presupuesto de la nación
Uno de los ataques al Ejecutivo por parte del parlamento salvadoreño se generó con el tema de la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021, el cual, según Presidencia, estaba enfocado en aumentar la inversión social en el país, apostándole a la educación, la seguridad y la salud y priorizando las inversiones que beneficien directamente a la población.
Sin embargo, en una maniobra orientada a bloquear la proyección social del actual Gobierno, la Asamblea Legislativa elaboró y aprobó una serie de decretos que contemplaban el presupuesto del próximo año pero que reducían considerablemente la inversión social y debilitaban la seguridad del país.
Ante esto, el presidente de la República, en su facultad de sancionar y vetar decretos emitidos por el Legislativo, sancionó el Presupuesto General de la Nación 2021 y los beneficios que este incluye en materia de salud, educación y seguridad, entre otros; además, vetó decretos aprobados por la Asamblea Legislativa que reducían la inversión pública.
Según el jefe de Estado, para recuperar la inversión pública y el equipamiento para el plan de seguridad bloqueado por los diputados se necesitará que la nueva legislatura del congreso salvadoreño tome posesión y corrija la plana a la actual gestión. Además, señaló que, para que las obras no se detengan, el gobierno invertirá en los primeros cuatro meses del año el presupuesto destinado por el Órgano Legislativo para la inversión en 2021.
En su intento por bloquear al Ejecutivo, los diputados reformaron el decreto 608 para entregarles $366,700,000 a los alcaldes de sus partidos en plena campaña electoral, además de la transferencia de $100 millones para alcaldías por medio del Fodes.
Además, el gobierno buscaba garantizar los $125 millones como el aporte estatal a la cuenta de garantía solidaria para financiar el aumento de la pensión mínima a $304 y $60 millones para cumplir con los beneficios de veteranos y excombatientes del conflicto armado.
Sin embargo, la Asamblea intentó reducir los beneficios sociales. Entre otras modificaciones al plan de gastos para 2021, los diputados quitaron $450.12 millones a los presupuestos de diferentes carteras; entre ellas, la Presidencia de la República ($47.1 millones), el Ministerio de Hacienda ($27 millones) y el Ministerio de la Defensa ($27.6 millones).
FOMILENIO
En el mes de noviembre, representantes del Fondo del Milenio El Salvador II urgieron a la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa la asignación de $50.7 millones que servirán para finalizar la ejecución de nueve proyectos de infraestructura social, ya que no contaban con la disponibilidad financiera para terminar obras a partir de diciembre de este año, por lo que enfatizó en la importancia de aprobar el crédito de $250 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Desde ese momento, la Asamblea Legislativa inició un bloqueo sistemático para perjudicar la imagen del Gobierno, en una clara estrategia propagandística con miras a las elecciones de este 28 de febrero de 2021. Los partidos de oposición en el parlamento salvadoreño mantuvieron un bloqueo constante mientras los días pasaban y los fondos de Fomilenio se encontraban al borde de la cancelación.
El 1 de diciembre, un comunicado publicado por Fomilenio II señalaba que El Salvador se encontraba al borde de incumplir el Convenio del Reto del Milenio. Además, señalaba que el 30 de noviembre recibieron una comunicación de parte del Ministerio de Hacienda en la que se detalla que «los recursos de la fuente a la que se hace referencia en los decretos mencionados no están disponibles, debido a que previamente fueron a probados para otros destinos».
El 7 diciembre, la fecha límite para que El Salvador resolviera el impasse, Fomilenio informó que se otorgarían 30 días más para lograr una resolución efectiva. Ante este escenario, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la imagen del país se encuentra en riesgo ante la falta de aprobación de los recursos. Además expresó: «El gobierno anterior no dio la contrapartida, y a este gobierno le tocó asumir el 100 % de la misma».
Finalmente, la Corporación Reto del Milenio (MCC por sus siglas en inglés) informó que extendió la fecha de cierre hasta el 30 de abril de 2021, sin embargo, también aclararon que esto no significa una prórroga del convenio.
Emergencia por la pandemia
Uno de los bloqueos más evidentes de la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo fue la situación de emergencia por la pandemia de la COVID-19. La llegada del coronavirus a El Salvador se marca el 11 de marzo, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó el cierre de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas de El Salvador, luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) categorizara a la COVID-19 como una pandemia y en medio de la confirmación de casos en América Latina.
Ante la potencial emergencia, la Asamblea Legislativa aprobó el 14 de marzo un decreto legislativo para la emergencia por el COVID-19 en El Salvador. Este decreto es el que facultó al Ejecutivo para tomar las acciones necesarias para el manejo de la pandemia y la contención del crecimiento de casos en el país.
Sin embargo, durante los cinco meses que duró el confinamiento a causa de la pandemia, la Asamblea Legislativa generó todo tipo de bloqueos a la pretensión del Gobierno de mantener el estado de emergencia y poder seguir así dando respuesta inmediata a la situación de la crisis sanitaria que afectaba a El Salvador.
La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo sostuvieron constantes diálogos para la creación de una ley de emergencia por la pandemia, luego que la Sala de lo Constitucional les ordenara a ambos poderes del Estado la creación de dicha ley. Las negociaciones fracasaron debido a la falta de compromiso de los diputados con salvaguardar la salud de los salvadoreños, por lo que la Asamblea y el Ejecutivo comenzaron a emitir dictámenes por separado para el manejo de la pandemia.
Finalmente, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que anuló los decretos ejecutivos y legislativos y dio vía libre para que se reiniciarán las actividades en el país, a pesar de la presencia del virus y el riesgo de contagios masivos. Previo a esto, la Sala también se sumó a los bloqueos sistemáticos contra el Gobierno anulando los decretos ejecutivos y restándole facultades al Ministerio de Salud y a la Presidencia en su intento por controlar y combatir la pandemia por la COVID-19 en El Salvador.
