Unas 350,000 familias tendrán ahora seguridad jurídica gracias a la aprobación de la ley especial que regula el desarrollo y la comercialización de parcelas y lotificación, y la reforma penal que castigará con 12 años de cárcel el comercio irregular de estos inmuebles.
«Esta ley busca dar respuesta a muchos casos registrados antes de 2012, que comprende a más de 350,000 familias que han pagado su lote de forma parcial o total y no han recibido sus escrituras», dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
La funcionaria, que acudió el miércoles pasado a la Asamblea Legislativa a presenciar el debate sobre la ley, sostuvo que con la aprobación de la normativa se está dando respuesta y resolviendo los problemas que estas familias han sufrido por décadas.
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, que se abstuvo de votar, pidió, sin éxito, que el dictamen favorable y el proyecto de decreto regresaran a la comisión de obras públicas, argumentando que en la discusión no había sido tomada en cuenta la participación de las familias afectadas.
Las anteriores legislaturas aprobaron dos normativas que, por su carácter transitorio, hicieron poco o nada por resolver la problemática a estas familias.
La transitoriedad de estas dos leyes provocó que la mayoría de los procesos de regularización e inscripción de lotificaciones quedaran inconclusos, algo que no sucederá ahora, pues la nueva ley es permanente.
La nueva normativa también permitirá a las familias afectadas la continuidad de los procesos de regulación, legalización y autorización de lotificaciones que fueron iniciados con las dos leyes anteriores.
La nueva normativa establece, además, que quienes comercialicen parcelas o lotificaciones contarán con seis meses, después entrar en vigor la ley, para presentar al Ministerio de Vivienda la declaración de lotificación comercializada y someterse al proceso de regularización dentro del año posterior a dicha declaración. En caso contrario, se aplicarán sanciones.
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, fustigó el comportamiento de las anteriores legislaturas, que no resolvieron de manera permanente la problemática que enfrentaron por décadas las 350,000 familias a escala nacional.
«Estuvieron tres legislaturas que solo pusieron parches al problema. Los políticos en turno solo tuvieron un olfato para extorsionar al pueblo salvadoreño», recordó Castro, quien también advirtió que ahora la cárcel esperará a quienes estafen a estas personas con títulos irregulares de propiedades.
«Lo que estamos haciendo es un acto de justicia para más de 350,000 familias que fueron afectadas. Los lotificadores sinvergüenzas y ladrones vendían porciones de terreno para que la población les pagara en cuotas», argumentó el legislador.
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