El uso del Estado como una propiedad del gobernante de turno fue una práctica enquistada en la política salvadoreña desde hace mucho tiempo. El desmontaje de esta deformación del ejercicio del poder es una tarea que ya comenzó y se debe mantener de forma permanente.
El común denominador de las sesiones de las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa es el aparente desconcierto de los viejos políticos al ser cuestionados por prácticas que eran «comunes», pero no por ello no lesivas para los intereses nacionales. «Todo lo que se hizo fue lícito», respondía una y otra vez el expresidente Alfredo Cristiani, que gobernó bajo la bandera de ARENA de 1989 a 1994, sobre el manejo discrecional de los fondos públicos.
Desde ese punto de vista, si se cumplen los formalismos legales, cualquier uso del dinero del Estado, aunque no sea en beneficio de la sociedad, está justificado. De fondo está la premisa de que el Estado está en función del gobernante, cuando en realidad son los ciudadanos los que eligen a un gobernante para que administre eficientemente la cosa pública en beneficio de toda la sociedad.
Pero los expresidentes solían utilizar los recursos públicos en su beneficio. De ese modo, la partida secreta se usaba para los más variopintos destinos, sin tener que justificarlos porque «legalmente» (así había sido aprobado de forma conveniente) no había disposición alguna que lo demandara, y etiquetar cualquier gasto como «de inteligencia» o en función del Organismo de Inteligencia del Estado daba la cubierta perfecta para que el asunto quedara fuera de toda discusión. Cristiani reconoció que recibía 600,000 colones al mes ($68,000) en concepto de gastos reservados, pero prontamente se apresuró a decir que «todo se utilizó de manera lícita», incluyendo la logística para la firma de la paz entre su Gobierno de ARENA y la comandancia general del FMLN.
¿Qué incluyó ese gasto mensual de $68,000 si no hay manera de respaldarlo? Solo de la partida secreta, asumiendo que realmente ese fuera el monto, son más de $4 millones los que se despacharon desde el fondo general de la nación hacia el expresidente que insiste en que les dio un uso «lícito».
Quienes utilizaron el Estado para beneficiarse deben responder por sus actos, incluyendo a aquellos que consideraron que podían recetarse cada mes una cantidad exorbitante de dinero. Solo así se podrá corregir el rumbo del país.