Una búsqueda constante como sociedad y como país debe ser darle la prioridad que merecen la niñez y la adolescencia salvadoreña; la creación de leyes y de diferentes mecanismos de protección deben tener como objetivo crear condiciones para que gocen plenamente de sus derechos. La ley Nacer con Cariño y la política Crecer Juntos son una muestra de esto. Esta política, con vigencia en 2020-2030 que tiene como objetivo el desarrollo integral de la primera infancia identifica que «los primeros años de vida representan un momento excepcional e irrepetible en el ser humano», nos ha hecho saltar a la palestra mundial como actores destacados en el tema de la primera infancia.
Lo anterior fortalece todas las herramientas jurídicas en el tema de protección de la niñez y la adolescencia, y es que en este se necesita de mucho para que de verdad las leyes, las políticas, los planes y los programas realmente sean efectivos y eficaces.
Sin duda alguna, la inversión es un elemento fundamental, sin un presupuesto adecuado y suficiente no se pueden atacar los problemas estructurales que han dañado a nuestros niños a lo largo de la historia. Esta inversión está llegando y el hecho de que esté en la agenda de nuestro Gobierno representa un gran adelanto en el tema de protección de derechos y garantías de niños y adolescentes.
Y esto pasa desde destinar recursos para políticas, programas, pasar por una remuneración justa y brindar las herramientas necesarias a quienes hacen este esfuerzo, ya que es personal técnico especializado, hasta robustecer toda la estructura jurídica de protección en todos los sentidos, tomar medidas legales y decisiones estratégicas basadas siempre en el interés superior del niño.
Es un gran orgullo para nuestro país ser referente en materia de niñez y adolescencia, es un esfuerzo loable integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible específicamente en temas como el fin de la pobreza, hambre cero, educación y calidad. Es destacable y a la vez es un grandísimo reto para nuestro país, reto que, sin duda, estamos preparados para enfrentar y superar, ya que entre otras cosas esto requiere una estrategia de desarrollo a largo plazo articulada en todo el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia, así como políticas públicas sectoriales que vayan más allá de un quinquenio presidencial.
El tema de prevención es un tema pendiente. Nuestro actual sistema es más bien reactivo que preventivo, pero al trabajar en la primera infancia y con una nueva visión sistémica cambiamos ese enfoque.
Como sociedad debemos derribar los tabúes; la familia es la principal garante de los derechos de los niños y los adolescentes, es en las familias donde inicialmente debe hablarse de sexualidad, por ejemplo, este tema se debe abordar en las familias y en las escuelas no solo por cumplir un requisito o un plan escolar, sino que debe ser un abordaje constante y adecuado para que sea interiorizado. Sin duda alguna, hay que trabajar con madres y padres e introducirlos en procesos de formación para que tengan las herramientas para orientar a sus hijos.
Nuestros niños y adolescentes son lo más preciado que tenemos. Las familias, el Estado y la sociedad tenemos la obligación de cuidarlos y arroparlos.