El acceso y la disponibilidad de energía barata es condición primordial para el desarrollo industrial de una nación. Gracias a ello, las empresas pueden montar estrategias de ampliación de operaciones, mejorar su producción y llegar a nuevos mercados.
Durante las décadas de los gobiernos de ARENA y del FMLN, la energía en El Salvador era una de las más caras no solo de la región centroamericana, sino también del continente. Los esquemas de generación, distribución y comercialización no hicieron más que favorecer a las pequeñas élites que financiaban a la vieja clase política, que prefirió apostar por la producción de energía de fuentes contaminantes en lugar de ampliar las renovables, además de generar costos artificiales que beneficiaban a terceros en el mercado mayorista de energía.
Poco a poco, desde la llegada del Gobierno del presidente Nayib Bukele, se ha trabajado para mejorar el acceso a la energía eléctrica tanto para las empresas como para los usuarios residenciales. Por ello, durante todo 2022 el costo de la electricidad se mantuvo estable, lo que generó alivio económico para toda la población, ya que, unido a las medidas del plan antiinflación, protegió los recursos de los ciudadanos.
A esto se suma el reciente anuncio de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) de que la tarifa promedio que pagan los salvadoreños tendrá una baja que rige desde el 15 de enero hasta el 14 de abril de este año. La variación del precio de la energía dependerá de cada operador, pues, aunque la baja reportada por Siget es de 2.56 %, hay una distribuidora que aplicará el 13 % a sus usuarios.
Además, se mantiene el subsidio para las familias que consumen hasta 105 kilovatios hora al mes.
La reducción de la tarifa ha sido impulsada por el creciente aumento de la producción de energía de fuentes renovables (hidroeléctrica, solar, geotérmica, eólica y biomasa), que ya representa el 75.9 % de la producción total.
A esto se suma la incursión de la Distribuidora Eléctrica Cuscatlán, la primera distribuidora eléctrica propiedad del Estado, que ofrece tarifas un 30 % más bajas que las de sus competidores comerciales, en un esfuerzo por volver más eficiente al sistema, pues empujará a que las empresas del sector ofrezcan mejores tarifas y servicio.
El proyecto es complementario y atiende zonas donde las otras distribuidoras no tienen cobertura, con lo que busca atender a salvadoreños que no tienen acceso a la energía eléctrica.