Por años, en El Salvador la justicia siempre fue selectiva. El clamor de muchos salvadoreños por hacer que la ley se cumpliera se esfumaba en medio de un total desinterés de policías, investigadores, jueces, magistrados y fiscales que eran auténticos tramitadores de lineamientos que obedecían a pactos de cúpulas políticas y empresariales, que dictaminaban el ritmo con el que la Dama de la Justicia condenaba o absolvía, en claro afán de favorecer a unos y perjudicar a otros.
Esto parecía una costumbre sin fin, un laberinto sin salida para las víctimas y una coraza perfecta para los victimarios. Sin embargo, los cambios que emanan del poder del pueblo a sus gobernantes, entregados en una armoniosa concesión el pasado 28 de febrero, no solo confirman las aspiraciones de los salvadoreños por un mejor futuro en términos económicos y sociales, sino que también la búsqueda por una sociedad equilibrada, donde el pilar del Órgano Judicial esté del lado de las mayorías y se logre el balance entre condena, restauración y legalidad.
En este nuevo tránsito hacia una justicia auténtica, esa voz del pueblo se impuso y dictó que la nueva Asamblea Legislativa debía emprender un trabajo rumbo a la consolidación de un nuevo sistema judicial, impulsado desde una perspectiva holística. Pasa por romper una estructura anclada en el beneficio de una minoría, de intereses corporativos y plegada a cúpulas, pero también abarca la reivindicación de la población salvadoreña en diversos ámbitos, desde el económico hasta el sanitario.
Todo esto se complementa porque el freno (que no contrapesó o equilibró) a las políticas sociales fue, hasta el 1.º de mayo de 2021, el sistema judicial, cooptado por quienes siempre buscaron una estructura de repartos políticos-partidarios en los que han estado de por medio intereses ajenos a las grandes mayorías, que siempre sufrieron en carne propia el desinterés de un aparato judicial excluyente.
Ahora hay signos importantes, como la creación de una comisión legislativa especial que basa su análisis en hechos que están a la vista, no en chambres de pasillo ni elucubraciones surrealistas, sino la evidencia de una estructura que maquinaba en contra de los intereses de los salvadoreños, burlándose de su esfuerzo al repartir dinero de los contribuyentes entre ONG de fachada, una forma de drenar el sueño de los salvadoreños por mejor salud y seguridad en las manos de fuerzas desvinculadas del desarrollo humano y social.
Esta es una forma de trasladar la justicia desde la trinchera política por excelencia, sin afán de «comisionitis destructivas» o de interpelaciones con rédito electoral a la denuncia y el proceso penal por parte de las autoridades correspondientes. Es el segundo paso que dará esta instancia, pero sin el sesgo o interpretaciones de unos pocos de una supuesta «persecución política», porque se está trabajando de forma objetiva, racional y coherente.
Además, desde el 1.º de mayo, tenemos una Fiscalía General de la República que de verdad es «fuerte y justa», que sí tiene colmillos investigativos, que no recurre a burós investigativos extranjeros para indagar a fondo en sus casos y que, sobre todo, ha puesto al pueblo y al Estado salvadoreños al centro de sus prioridades.
Una mención especial para la Fiscalía, que articulada con la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad y todo el gabinete del Gobierno del presidente Nayib Bukele han dado importantes golpes al narcotráfico, llegando casi a dos toneladas de incautaciones y a investigar casos importantes, como el de Flor García, una mujer desaparecida hace más de 100 días pero que, con rigor y profesionalismo en las investigaciones, ya se está esclareciendo el caso y se ha capturado al principal responsable y a su cómplice necesario. Todo hecho con responsabilidad, sin amarillismos o desvinculación entre instituciones.
Por último, recordemos que hoy tenemos una Corte Suprema de Justicia que no pone a «dormir» temas de país bajo un supuesto estudio o análisis, con la intención de sacar réditos y negociar resoluciones, clara muestra de lo que hacían salas anteriores cuando se negaron a proteger la salud y la vida de los ciudadanos, por mencionar ejemplos recientes. Además, esto ayudará a volver más eficiente el Órgano Judicial, a reducir la mora que dejaron anteriores gobiernos y a responsabilizar y procesar.
Así estos elementos han creado un círculo virtuoso en consonancia con el Plan Control Territorial, que comenzó en 2019 a abonar el terreno para combatir el crimen y los altos niveles de impunidad, logrando reducciones históricas en la reducción de homicidios, extorsiones y desaparecidos. Este ha sido el principal dinamo sobre el que gira todo el nuevo aparataje de justicia para El Salvador, el camino hacia un país diferente y la construcción de una sociedad más próspera, democrática y justa. Ese es el nuevo horizonte.