La Corte de Cuentas de la República (CCR) concluyó que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) del gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Cerén puso en riesgo los fondos públicos de esa autónoma y hasta violó la Constitución de la República y varias leyes secundarias cuando titularizó $255.4 millones en la bolsa de valores.
Estos señalamientos están plasmados en la versión pública del examen especial que recientemente publicó la CCR en relación con la gestión de la ANDA entre el 1.º de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
En ese período, la autónoma era presidida por Marco Fortín. El destino de los $255.4 millones titularizados por la ANDA era el pago de «sus obligaciones con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa», y para ejecutar proyectos de mejoramiento de la producción y distribución de agua potable en el Gran San Salvador, según declaraciones que Fortín dio en ese momento a un medio de comunicación impreso.
La CCR explica que con esta titularización, la ANDA violó la Constitución de la República, porque no fue autorizada por la Asamblea Legislativa.
El artículo 228, inciso tercero, de la Carta Magna determina que «solo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa para obras de interés público o administrativo, o para la consolidación o conversión de la deuda pública».
La CCR señala que la autónoma también violentó la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la Ley de la ANDA.
Este último cuerpo de ley reconoce, en su artículo 3 y literal g, que la ANDA tiene facultades para «celebrar contratos», pero cuando «se tratare de contraer obligaciones garantizadas por el Poder Ejecutivo deberá obtenerse la autorización de la Asamblea Legislativa».
El examen de auditoría revela que el Ministerio de Hacienda se mostró en contra de la titularización que pretendía hacer la ANDA, porque ya tenía un récord financiero negativo; de hecho, los auditores de la CCR cuestionaron a la ANDA por qué comprometió los flujos financieros futuros por un plazo de 180 meses para hacer esta millonaria titularización en la bolsa de valores.
La autónoma respondió que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) envió un oficio a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de Sánchez Cerén en el que avalaba la titularización, porque «ANDA se encontraba plenamente capacitada para poder realizar dicho contrato sin autorización previa por parte del Órgano Legislativo».
Según la ANDA, la respuesta que envió la SSF dio «más seguridad a los miembros de la junta de gobierno; entre ellos, al presidente [de la ANDA], a no pedir autorización al Órgano Legislativo. Copia de este oficio fue presentada con la contestación anterior y se encuentra agregada al expediente respectivo».
Los auditores de la CCR desestimaron los argumentos de la ANDA del FMLN y ratificaron que la autónoma no debía comprometer sus fondos sin previa autorización legislativa.
De hecho, el segundo reparo que la CCR hizo a la ANDA es que violó el debido proceso porque comenzó a incorporar fondos provenientes de esa millonaria titularización en el presupuesto institucional de 2016 de forma «automática» y, también, sin la autorización de la Asamblea Legislativa. La primera incorporación fue por $61.8 millones.
Para hacer la incorporación de fondos en los presupuestos institucionales se requiere votación de mayoría calificada de los diputados de la Asamblea Legislativa, es decir, 56 votos.
Según la CCR, la incorporación automática de fondos que hizo la ANDA también violó la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria. El artículo 45, literal e, de la primera normativa obliga que todas «las modificaciones que resulten como consecuencia de un incremento o disminución de las asignaciones de la ley del presupuesto votada serán objeto de aprobación de la Asamblea Legislativa, a propuesta del ministro de Hacienda, con conocimiento del consejo de ministros».
Mientras que el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria establece, en su apartado de modificaciones presupuestarias, que «para toda modificación presupuestaria que requiera aprobación legislativa la institución deberá remitir al SAFIDGP copia impresa de la proforma del decreto legislativo con sus justificaciones correspondientes».
GASTO MILLONARIO SIN REGISTRO
La CCR también detectó que de los $255.4 millones titularizados no está documentado técnicamente cómo la ANDA usó $3,270.826.47.
«Los registros contables relativos a gastos por un monto de $7,814,351.34 están sustentados únicamente en un detalle de ingresos y gastos emitido por la titularizadora, documento que carece de legalidad para registrar gastos en la contabilidad; sin embargo, se ha presentado documentación de gastos identificados por un monto de $4,534,524.87, quedando un saldo de $3,270.826.47, el cual no está documentado técnicamente», concluyó el examen especial de la CCR.
