La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa reanudará la próxima semana el estudio del anteproyecto de Ley General de Agua, pausado desde abril. La iniciativa fue presentada en 2006 por organizaciones de la sociedad civil y desde entonces se ha aplazado en varias ocasiones.
En la sesión de trabajo correspondiente a esta semana la instancia legislativa decidió retomar el estudio de la iniciativa de ley estableciendo una metodología para dar celeridad al mismo, en la cual tomarán en cuenta una matriz comparativa elaborada con las cinco propuestas presentadas por diferentes sectores.
Al respecto, Martha Evelyn Batres, diputada de ARENA y presidenta de la comisión, consideró que “es un buen momento para trabajar en una ley que garantice que toda la población obtenga el vital líquido, una normativa que venga a desarrollar un marco regulatorio sobre la gestión del agua como un bien nacional”.
Los cinco anteproyectos de ley relativos al recurso hídrico que se estudian en la mesa legislativa tienen como fin común regular la gestión integral de aguas continentales, insulares y marinas en el territorio nacional a fin de garantizar su sustentabilidad.
La discusión de la iniciativa de marco legal ha sufrido varias interrupciones desde su presentación en la Asamblea Legislativa, motivadas por desacuerdos en torno a la naturaleza del ente rector que se encargará de la gestión del agua.
En este sentido, los partidos políticos contraponían posiciones respecto a si el ente rector eminentemente público o incluir la participación del sector privado, lo cual para algunos constituía una especie de privatización del recurso hídrico.
En marzo de 2019, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático avaló parcialmente que el ente rector estuviera conformado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Universidad de El Salvador (UES), Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), sector agropecuario, juntas de agua y sector industrial.
En esa ocasión los partidos GANA y FMLN mostraron su rechazo a tal decisión ya que a su juicio la inclusión del sector agropecuario e industrial ponía en peligro la naturaleza pública del ente. Esta visión fue compartida por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien argumentó que la instancia debe conformarse únicamente con instituciones estatales.
La contraposición entre los partidos políticos hizo que la comisión decidiera dejar sin efecto el acuerdo de conformación del ente rector. Después, la discusión de la iniciativa de ley y el trabajo completo de la mesa legislativa se suspendió por la emergencia nacional provocada por la pandemia de la COVID-19.
Luego de esta pausa obligada por la pandemia, la mesa legislativa retomará el estudio de la propuesta de ley a pocos meses de celebrarse las elecciones legislativas y municipales de 2021 que pueden traer cambios en la conformación del parlamento salvadoreño y con ellos la posibilidad de que los acuerdos tomados por la actual legislatura sean invalidados por quienes ocupen las curules de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo del próximo año.
