El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que permanezcan en prisión tres colombianos y un salvadoreño acusados de integrar una organización transnacional que operaba con el método gota a gota.
En la audiencia de imposición de medidas, la Fiscalía General de la República los acusó de agrupaciones ilícitas y receptación, delitos que cometieron como integrantes de la red vinculada a estafa, extorsión y lavado de dinero, según la resolución judicial.
Los procesados son Santiago Zapata López, Jenny Marcela Daza Santamaría y Yeison Andrés Hincapié Otalvaro, de nacionalidad colombiana; y el salvadoreño Hugo Ernesto Chanico.
Los últimos dos procesados los detuvo la Policía Nacional Civil (PNC) el 3 de agosto de 2023 en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, cuando se dirigían a Guatemala para eludir a las autoridades y evitar ser procesados en el país.
Les decomisaron una laptop y dos celulares que serán analizados con una orden judicial para verificar si contienen información relacionada a la actividad delictiva que les atribuyen.
«Estos sujetos pertenecen a una estructura transnacional que se dedica a estafar personas, lavar dinero aquí en nuestro país y a realizar actividades ilícitas», dijo un fiscal del caso.
El ministerio público dispondrá de seis meses para ampliar la investigación y recopilar pruebas para presentar en la segunda audiencia del proceso penal, en el que se definirá si el caso pasa a la etapa de vista pública.
La Fiscalía dijo que en Colombia los cabecillas de la organización reclutaron a varias personas para enviarlas a El Salvador, les entregaron dinero y les ordenaron que lo pusieran a circular. El dinero lo obtuvieron del narcotráfico, la extorsión y de estafas informáticas.
Una investigación de las autoridades salvadoreñas determinó que en 2021 llegaron cientos de colombianos reclutados por la red gota a gota, y que entre todos ingresaron $2 millones en efectivo.
Dos años después, estas personas desde El Salvador enviaron hacia Colombia $20 millones en transacciones, obtenidos de las estafas y las amenazas de más de 3,000 salvadoreños que han denunciado los hechos.
