La Defensoría del Consumidor denunció a un grupo de 38 comerciantes mayoristas de diferentes mercados por obstaculizar su trabajo de monitoreo e inspecciones preventivas realizadas hace dos meses.
En el mes de octubre, la Defensoría del Consumidor activó operativos a nivel nacional para prevenir el alza injustificada de precios de productos alimenticios ante el cierre de carreteras internas en Guatemala.
Con el objetivo de evitar abusos en contra de los consumidores, los técnicos de la Defensoría se desplegaron a los mercados mayoristas del país para verificar que el comercio se realizara con normalidad, para lo cual requirieron información tanto de los vendedores como de compradores.
Según un comunicado compartido hoy por la institución, los comerciantes que no colaboraron con el procedimiento «han sido denunciados ante el Tribunal Sancionador».
«Obstaculizar las labores de información e inspección de la Defensoría del Consumidor», está regulado en el artículo 7, literal h, de la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y es multado.
La publicación compartida en el portal y redes sociales además detalla que «en uno de esos proveedores, igualmente, se identificaron indicios incremento injustificado de precios (arts. 18, literal h, y 44, literal e, de la LPC)».
Tanto la obstaculización de las labores de la DC, como la práctica abusiva de especular e incrementar injustificadamente los precios de los productos esenciales, constituyen una infracción muy grave detallada en la LPC, las cuales son sancionadas con multa hasta de 500 salarios mínimos.
La entidad señala que otros 24 casos más son estudiados ante la posibilidad del incumplimiento de la normativa, los cuales podrían ser remitidos ante el Tribunal Sancionador en las próximas semanas.
La obstaculización de las labores de la DC y la práctica de especular e incrementar sin justificación los precios de productos esenciales constituyen una infracción muy grave en la LPC, las cuales son sancionadas con multa de hasta de 500 salarios mínimos.
Si la institución detecta prácticas abusivas en perjuicio de la economía de los consumidores, remitirá los casos ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que actúe de oficio y persiga conductas y prácticas que pudieran constituir delitos relativos «al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor» como el agiotaje o la publicidad falsa, detallada en los artículos 236 y 237 del Código Penal.
La población puede denunciar este tipo de prácticas a la entidad al teléfono 7844-1482, a través de mensajes de WhatsApp.