Los Acuerdos de Paz de 1992 entre la comandancia general del FMLN y el gobierno de ARENA garantizaron que las cúpulas de ambos firmantes salieran bien librados y con garantías para su vida en «democracia»: el Frente salió con cinco radios bajo el brazo y los militares que firmaron la paz no solo están en la Asamblea Legislativa defendiendo sus intereses, sino que también son grandes empresarios, importadores al por mayor de alimentos.
Sin embargo, los hombres y las mujeres que pelearon por uno u otro bando, así como sus familias, fueron consolados con las promesas de que iban a tener tierras e iban a ser capacitados para reincorporarse a la economía nacional. Todo iría bien porque ahora sí había «paz», sin sospechar siquiera que el país iba a entrar en una espiral de violencia y muerte, en una nueva guerra social.
Los sucesivos gobiernos de ARENA no les cumplieron a los veteranos de la Fuerza Armada, y mucho menos a los excombatientes del FMLN. Sus protestas fueron sistemáticamente anuladas y reprimidas, y sus anhelos y luchas, instrumentalizadas por políticos que intentaron encarrilarlos a uno u otro partido.
Con la llegada del FMLN al Ejecutivo, las cosas no cambiaron ni siquiera para los excombatientes de la antigua guerrilla, que se quedaron esperando lo que sus otrora comandantes —convertidos ahora en grandes políticos y hombres de negocios, con saco y corbata y con motoristas que los transportan en automóviles de lujo a sus mansiones y casas de campo o de playa— les habían prometido.
Tuvo que llegar el gobierno del presidente Nayib Bukele para que la situación de los veteranos empezara a cambiar, porque hay un compromiso de dignificar sus sacrificios, de reconocer que, pese a las instrumentalizaciones de uno u otro bando —que ahora han formado una alianza perversa—, sus luchas sí tienen sentido y son importantes para esta administración.
Como parte de la asistencia a la población debido al impacto económico que han sufrido las familias por la pandemia, el gobierno ha distribuido alimentos en todo el territorio. Cada día, 70,000 paquetes alimentarios son llevados a todos los rincones del país.
Este año, la Mesa de Unificación del Bien Común de los Veteranos del Conflicto Armado había organizado una entrega de esos alimentos para sus afiliados. Pero una campaña de desinformación se aprovechó de que la oficina está en el mismo edificio donde funciona el partido Cambio Democrático para decir que las cajas con los paquetes eran «el pago del gobierno al CD por apoyar a Mario Durán». La FGR, que suele ser lerda la mayor parte de las veces (tanto que el mismo día se suspendió la audiencia contra el alcalde de ARENA de Ilopango —que sí hurtó alimentos para entregarlos como parte de su campaña electoral— porque los fiscales no se presentaron al aducir que tenían síntomas de COVID-19), actuó con enorme rapidez y anunció que iba a incautar los alimentos e incluso colocó una cinta amarilla para que nadie los tocara.
Es hora de dignificar a los hombres y a las mujeres que lucharon en el conflicto armado y a sus familias. Es hora de dejarlos de ver como sospechosos y de ponerlos en el lugar que merecen en la historia, pero con acciones positivas, no con allanamientos.