«Yo quisiera aclarar algo a los alcaldes y a la ciudadanía en general, el único responsable, entre otros elementos, que los alcaldes no tengan el Fodes es la Asamblea Legislativa, el único verdugo de su dinero, es la Asamblea Legislativa», explicó el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, durante el espacio de entrevista de Noticiero El Salvador, respecto a la situación generada en cuanto al otorgamiento de estos fondos.
Argueta dijo que son las formas de realizar los procedimientos por parte de los diputados las que no respetan las reglas establecidas, lo que provoca que sus decretos sean vetados y la Sala de lo Constitucional resuelva a favor del Ejecutivo y, en consecuencia, son ellos mismos quienes perjudican a los alcaldes.
«La asamblea es error, jurídicamente hablando [lo aclara], tras error, tras error; entonces, eso tiene como consecuencia inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Esto es para las comisiones especiales de investigación, para los antejuicios, para las interpelaciones anteriores, las que vienen y las que vendrán, que posiblemente no se terminen el 28 de febrero; y para las aprobaciones exprés que están haciendo con tal de dar dinero a los alcaldes. Entonces, el único verdugo para los alcaldes, lastimosamente, es la Asamblea Legislativa y no el presidente. El presidente está obligado a vetar cuando vea un vicio de forma, de fondo en materia constitucional», explicó Argueta.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto legislativo número 763, aprobado por los diputados el pasado 29 de octubre de 2020, el cual fue avalado con dispensa de trámite y que pretendía que los alcaldes pudieran seguir en sus funciones «normales y desarrollando obras a pesar de estar en un período electoral».
Por otra parte, el asesor jurídico también se refirió a la medida cautelar que emitió la Sala de lo Constitucional por la candidatura a diputado de Walter Araujo, quien ya no podrá competir en las próximas elecciones.
«En la resolución hay un reflejo de querer apartar a una persona por probabilidad, por posibilidad, asumiendo la Sala de lo Constitucional un peritaje psicológico», señaló.
Además, dijo que las medidas cautelares se emiten para evitar un daño, pero en este caso, fue al revés «la medida cautelar dañó el derecho, lo anuló. Cuando el constituyente dice que la única manera es a través de una sentencia ejecutoria», puntualizó Argueta.
