Una estructura de 73 miembros de la Mara Salvatrucha que ha estado delinquiendo en el Valle de Zapotitán, departamento de La Libertad, es procesada en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, por una serie de hechos de crimen organizado y realización compleja.
Según el fiscal del caso la diligencia culminará mañana ya que por la cantidad de casos acusados se ha llevado toda la semana en exponerlos y fundamentar con pruebas ante la jueza.
«En este caso se está procesando a estos 73 imputados por diferentes delitos entre esos, pues obviamente agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, proposición y conspiración y asociaciones ilícitas, proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego y otros delitos», sostuvo el representante del ministerio público.
La investigación comenzó en el año 2020 cuando la Policía detuvo a una persona a quien le incautó un teléfono celular y al realizar una pericia de vaciado de información donde detectan que hay una clica de la Mara Salvatrucha vinculada a una considerable cantidad de delitos.
Las pesquisas se comenzaron ampliar a través de intervención a las telecomunicaciones donde se escuchó la forma en la que los pandilleros estaban perpetrando los hechos en municipios ubicados al norte de La Libertad. Al culminar la investigación la Fiscalía pudo recopilar abundante información e identificó a cada uno de los pandilleros en los delitos atribuidos.
Entre los procesados hay miembros de la Mara Salvatrucha que realizaban diversos roles dentro de la estructura, desde cabecillas, colaboradores, sicarios y los que ejercían labores de vigilancia para alertar a la pandilla cuando a su zona de operaciones ingresaba la Policía.
«Tenemos diferentes personas dentro de la agrupación, entre esos hay un ranflero, en esta estructura se tiene a corredores de programa, corredores de clica, homeboy, colaboradores, paros, chequeos y observación, hay prácticamente de todos los rangos que existen dentro de esa estructura criminal», manifestó el fiscal.
En el caso de las víctimas que habían planificado asesinar, todas tienen régimen de protección y con las escuchas telefónicas las autoridades evitaron que la estructura consumara cada uno de los homicidios.