El Departamento de Estados de Estados Unidos señaló en su reporte de prácticas de derechos humanos en El Salvador en 2020 la independencia judicial que opera en el país y que se pone de manifiesto en el acatamiento que hace el Órgano Ejecutivo de las sanciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), máxima institución del Órgano Judicial en El Salvador.
El informe emitido por el Departamento de Estado asegura que, pese a acciones que han sido criticadas por organismos internacionales, la Presidencia de la República ha acatado varias disposiciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, manteniendo así la independencia judicial en el país.
El informe señala que la Sala dictaminó que el Órgano Ejecutivo no puede utilizar a los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para motivaciones políticas, algo que el Órgano Ejecutivo ha acatado, por lo que en eso se «demostró la independencia del poder judicial».
El Departamento de Estado, si bien señala de forma negativa algunas de las medidas que se adoptaron para el combate y manejo de la pandemia de la COVID-19 cuando se encontró en su punto más crítico en el país, también destaca que El Salvador ha dado muestras de mantener vigente la independencia judicial y de acatar las disposiciones establecidas por las instituciones que administran el Poder Judicial en el país.