Una estructura de 40 imputados integrada por miembros de la Pandilla 18, abogados, exempleados del Centro Nacional de Registros (CNR), un inspector de la Policía y personas particulares, son enjuiciados desde hoy en el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador por una serie de delitos que se originan a partir de una apropiación de 23 inmuebles de forma fraudulenta.
La red es acusada de lavar $1 millón, cuatro homicidios, falsedades materiales, falsedades ideológicas, estafa agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático y acusación calumniosa.
«Se trata de una estructura especial que delinquía en el área de San Salvador en diferentes partes. Son personas civiles que estaban vinculadas con pandilleros de la estructura revolucionarios 18», detalla una de las fiscales del caso.
Por la complejidad de la estructura cuatros unidades fiscales investigaron los diversos delitos, hay fiscales de Hurto y Robo de Vehículos, la Unidad de Administración de Justicia, Unidad de patrimonio Privado y la Unidad de Investigación Financiera.
«Mucho del dinero que se invirtió y que se utilizó para realizar ciertos actos delictivos de esta estructura criminal, para efectos de apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles y de bienes muebles como vehículos y ese dinero era reinvertido en inversiones a efectos de sostener esta misma estructura criminal», agregó la representante del ministerio público.
Es las indagaciones realizadas, se determinó que con documentos falsos legalizaron 23 inmuebles para después venderlos y estafar de esa manera a los compradores, con el dinero obtenido, instalaron dos empresas de renta de vehículos.
Además de estos 40 imputados, otro grupo que en la audiencia preliminar fueron separados del proceso, esperan que se les programe vista pública, cuando la Fiscalía judicializo el caso lo hizo contra 65 personas detenidas en diciembre del año 2019.
Las indagaciones de esta estructura comenzaron en 2017 y al finalizar la etapa inicial de investigación, fiscales y policías documentaron 59 casos.
La especialidad de la red era adquirir inmuebles a través de falsedades materiales e ideológicas, un testigo criteriado (que colabora con la Fiscalía a cambio de beneficios penales) es parte de las pruebas ofrecidas.
El testigo ha manifestado que buscaron aquellos inmuebles propiedad de personas que residen fuera del país o que eran alquilados, para apropiarse de ellos. Elaboraban documentos falsos y luego extendían compraventas con la colaboración de los abogados que formaban parte de la estructura.
Se detectó que con documentos fraudulentos que hacían a personas a quienes la estructura les prestaba dinero, dejaban constancia de los préstamos mediante una compraventa y no hacían un mutuo hipotecario, solo decían que ese inmueble les quedaba a ellos por la cantidad del préstamo.
Los inmuebles no eran propiedad de las personas a quienes les prestaban el dinero y cuando los verdaderos dueños los reclamaban se encontraron con la información que ya no estaban a su nombre pues con la ayuda de tres empleados del Centro Nacional de Registros fueron puestos a nombre de pandilleros y los verdaderos propietarios quedaron estafados.
