Los reos que cumplen penas por delitos de narcotráfico, crimen organizado, así como lavado de dinero y corrupción, como el expresidente Elías Antonio Saca y sus socios, fueron favorecidos desde el año pasado por una resolución de «habeas corpus» que dictaminaron los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual permite la libertad anticipada para este tipo de imputados.
El jueves trascendió que la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria decidió quitarle dos años de cárcel a la condena impuesta contra el corrupto expresidente de ARENA por haber sobornado a una empleada judicial.
En septiembre de 2020, la defensa de Saca pidió al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria el cómputo de la pena. La jueza estableció que el corrupto cumpliría la totalidad de la condena de 12 años en octubre de 2028, pero con la resolución de la cámara se determinó que la pena es de 10 años y terminará en octubre de 2026.
Este antecedente dará paso para que Saca pueda optar por el beneficio de la libertad condicional anticipada al cumplir la mitad de su condena (de 10 años al descontar los dos), recurso que ha sido utilizado también por sus allegados, como César Funes y Julio Rank, ya fallecido.
Saca puede solicitar un beneficio penitenciario para salir en octubre de este año, bajo el mandato de los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional que prohibió a los jueces de Vigilancia aplicar el artículo 39 f de la ley penitenciaria, que evitaba la libertad anticipada de reos condenados por los delitos de corrupción o delitos mayores, como narcotráfico o lavado de dinero.
Exmagistrados justifican la «dignidad humana» en el caso Saca
Los exmagistrados Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento, en su resolución de «habeas corpus», señalaron que un condenado, si tiene más de 60 años y cumplió un tercio de la pena, puede recibir un beneficio, ya que declaró inconstitucional prohibirlo al argumentar que por el delito cometido (de corrupción) no se permite.
«La libertad condicional y otras figuras son formas de cumplimiento de la pena, pues el condenado sigue sujeto al control y a la vigilancia de las autoridades encargadas de su ejecución y continúa afectado por intensas limitaciones sobre sus derechos fundamentales. En efecto, en la inmensa mayoría de precedentes de esta sala se ha integrado la función de readaptación de la pena en relación con la dignidad humana»
Para la libertad anticipada es necesario tener la mitad de la media pena o cuando se cumplen las dos terceras partes del total. «En el caso de Saca, si los 10 años terminan en octubre de 2026, se cumple en octubre de este año, y las dos terceras partes en 2023, lo que significa que se podría pedir un beneficio carcelario», señaló la abogada Tahnya Pastor. Además debe devolver $260 millones.
Saca ya recibió una condena de 10 años tras haber admitido varios delitos de corrupción, de haber robado y lavado dinero: sustrajo $301 millones de la presidencia.
La primera condena fue por el caso Destape a la Corrupción, pena que comenzó a contar el 30 de octubre de 2016, pero al ser capturado por el caso Transes el 14 de agosto de 2017, ese conteo se le suspendió. Hasta esa fecha había acumulado nueve meses con 14 días. Por este último caso recibió dos años que comenzaron a correr desde el 14 de agosto de 2017 y culminaron el 14 de agosto de 2019. Desde esa fecha se retomaron los 10 años de la condena por peculado y lavado de dinero.
El haberle reducido los dos años a Saca fue mal visto por el presidente de la república, Nayib Bukele, así como por algunos juristas que manifestaron que este tipo de beneficios no debería otorgarse a estos funcionarios.
«Este año cumple cinco años, no 10, mucho menos 12. Los jueces que intenten liberarlo serán procesados por prevaricato y puestos en prisión en la celda de a la par», publicó el presidente Bukele desde su cuenta de Twitter.
Pastor considera que «en El Salvador hay una legislación que favorece a los corruptos», de la que se beneficiaron Saca y otros.
Para que Saca salga de las rejas deberá someterse a un «examen muy específico por parte del Consejo Criminológico y resarcimiento del daño, pero como hay muchos casos que los condenados intentan demostrar al juez que se encuentran en estado de pobreza», explicó la jurista.
