Guillermo Maza Brizuela, el exministro de Salud quien confesó la corrupción en el diseño, construcción y equipamiento de los hospitales Santa Gertrudis, en San Vicente, y San Pedro, Usulután, deberá realizar en los próximos tres años trabajo de utilidad pública y pagar al Estado $100,000.
Para no ir a la cárcel, el exfuncionario acordó con la Fiscalía el procedimiento abreviado para recibir una condena de tres años reemplazables por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública que lo definirá con un juzgado de vigilancia penitenciaria y el Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Maza Brizuela, fue ministro de Salud en el gobierno de Elías Antonio Saca y el común denominador en materia penal, es que ambos fueron condenados por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, por delitos de corrupción y en procedimientos abreviados; solo que Saca, debe cumplir la condena de 10 años por peculado y lavado de dinero ya que no podían reemplazarle la condena por trabajo de utilidad pública porque los ilícitos que confesó tenían cinco años como pena mínima cada uno.
A Maza Brizuela, la Fiscalía lo acusó de negociaciones ilícitas, pero el tribunal dijo que las acciones cometidas por el exfuncionario se adecúa a peculado por culpa ya que su negligencia e imprudencia de no verificar un dictamen sobre la obra ocasionó un perjuicio económico al Ministerio de Salud.
Por estafa agravada fueron acusados César Rolando García Herrera, Ricardo Alberto Barrera, José Ladislao López Paz, y Rolando Alberto Choriego Echeverría, pero los jueces modificaron a estafa simple y los condenó a los tres años reemplazados por trabajo de utilidad pública como lo acordaron con la Fiscalía.
En el caso de Juan Antonio Miranda Morales, fue condenado a la misma pena por negociaciones ilícitas.
En proceso ordinario también fueron condenados por estafa simple, Rafael Alfaro y Arturo Ernesto López Mejía, para ambos la responsabilidad civil fue en abstracto, es decir que el tribunal no se pronuncie y deja la posibilidad para que la Fiscalía acuda a un juzgado de lo civil para exigir una cuantía.
El resto de condenados a excepción de Maza, que pagará $100,000, deberán cancelar cifras de $5,000 y $50,000.
Con la sentencia condenatoria se cierra esta causa penal que ya tenía más de 11 años en los tribunales y era referente a los actos de corrupción registrados en la reconstrucción y equipamiento de los hospitales Santa Gertrudis, en San Vicente, y San Pedro, en Usulután, por un monto de $5.1 millones.