El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, ha notificado a expertos en contabilidad, los 35 puntos de pericia que deberán realizar en un análisis financiero contable para determinar el destino de $14 millones propiedad de las tiendas institucionales de los centros penales.
Son seis peritos propuestos por la Fiscalía y la defensa de 19 acusados, entre ellos nueve exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quienes a partir de agosto conformarán un equipo de trabajo para determinar la forma y la utilización que hizo en el año 2018, la Asociación Yo Cambio (Asocambio) de los fondos provenientes de las tiendas penitenciarias.
«Con esta investigación de los expertos se conocerá si los ingresos que se obtenían a través de dichas tiendas penitenciarias fueron destinados para fines institucionales o para otros fines privados» dijo una de las fiscales del caso.
En el expediente, la Fiscalía General de La República acusó a 19 imputados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad documental.
El caso fue judicializado en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador el 14 de septiembre del año 2021, en la audiencia inicial hubo otorgamiento de medidas alternas a la detención, pero una cámara las revocó y ordeno que los acusados fueran recapturados.
Entre los procesados están: el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro de esa secretaría de Estado, Raúl Antonio López; el exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos.
También están acusados 12 empleados de ANDA, identificados como: José Neftaly Batres Serpas, Carlos Orlando Fernández, Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Daniel Antonio Saget Menjívar, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
Los exfuncionarios habrían creado una red para desviar $14 millones de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio. En las investigaciones el ministerio público descubrió que los exfuncionarios se valieron de sus cargos para utilizar los fondos públicos y beneficiarse personalmente.
En la audiencia inicial, la Fiscalía dijo que los fondos fueron utilizados para obtener beneficios propios, hubo erogaciones para aumento de salarios de los integrantes de Asocambio y compra de vehículos.