El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, luego de recibir la prueba testimonial, pericial y documental en el proceso que le sigue al diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Antonio López Cardoza, escuchará esta semana los alegatos finales de la Fiscalía y abogados del legislador, para luego emitir la resolución en la que decidirá si lo despoja de sus bienes.
Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio pretenden que 12 inmuebles valorados en $230,000 pasen al Estado, así como $134,655.35, depositados en cinco cuentas bancarias.
Al legislador, los bancos le informaron a la Fiscalía que le detectaron dos cuentas con depósitos de $36,854.74, mientras que su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez de López, tiene tres cuentas con un monto de $97,800.35.
La representación fiscal ha señalado en el proceso que diez de las propiedades aparecen a nombre de López Cardoza y dos están inscritas a favor de su cónyuge.
Invocando los artículos 5 y 6 de la Ley de Extinción de Dominio, el Ministerio Público ha pedido que el dinero y los bienes pasen al Estado de una forma definitiva porque supuestamente están vinculados con actividades de lavado de dinero, tráfico ilegal de personas y enriquecimiento ilícito.
Según el expediente fiscal, seis de los 12 inmuebles que López Cardoza obtuvo eran propiedad del exdiputado Wilver Rivera Monge y sus familiares, el exlegislador fue condenado a 15 años de cárcel el 29 de julio de 2016, con la red del narcotraficante, Jorge Ulloa Sibrián, alias “Repollo”, en ese proceso penal se determinó que Rivera Monge lavó $8,434,906.33.
Uno de los terrenos que López Cardoza adquirió el 19 de septiembre de 2011 por $27,137.20, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, tiene una extensión de 1,762 metro cuadrados, se lo compró sin ningún crédito a la familia Rivera Sifontes, ese núcleo familiar lo obtuvo en $100 mil, pero lo inscribieron en el Registro de la Propiedad por $28 mil.
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En este caso de extinción de dominio la Fiscalía ha documentado la compraventa de un inmueble el 8 de agosto de 2013, el cual era propiedad de Mindy Yajaira Rivera Sifontes, que fue adquirido a un precio de $73,233.09, en la Avenida René Figueroa, Barrio Concepción, Dulce Nombre de María, Chalatenango, para comprarlo no hizo ninguna transacción financiera y en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia lo declaró a favor de su esposa, pero no justificó el origen del dinero.
El legislador tiene incautadas las propiedades y congeladas las cuentas bancarias desde el 6 de marzo de 2017, por orden del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio a petición de la Fiscalía. Desde esa fecha pasaron a responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Los fiscales especializados han valorado incluso una certificación que el 6 de octubre de 2015, les envió la Corte Suprema de Justicia informando sobre a un incremento patrimonial no justificado.
