La Fiscalía General de la República judicializó el proceso penal en contra de ocho exguerrilleros del FMLN que formaron parte de la Resistencia Nacional señalados de haber torturado y asesinado a María Inés Alvarenga, en el cantón San Marta, de Ciudad Victoria, departamento de Cabañas.
Mario Yohel Chacón Quintanilla, jefe de la Unidad de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado, dijo que seis de los acusados fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC), la madrugada del 11 de enero.
Según el jefe fiscal, los imputados tenían mandos de jefatura de escuadras, de pelotón, comandantes de zona y el comandante nacional de la Resistencia Nacional, Eduardo Sancho, alias, Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, el ministerio público lo acusó como reo ausente, junto a otro exguerrillero que reside en Estados Unidos y para quienes se pedirá en la audiencia inicial que se les gire orden de captura judicial e internacional.
Los demás procesados son: Pedro Antonio Rivas Laínez, Miguel Ángel Gámez, Fidel Dolores Recinos Alas, alias, Raúl Hércules o Carlos, exprimer comandante de la Resistencia Nacional en el cantón Santa y exdiputado del FMLN, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, alias, Chico Montes, máximo dirigente de la comunidad de Santa Marta.
El exguerrillero también es el director de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) una ONG sin fines de lucro creada el 7 de marzo de 1993 en el Cantón Santa Marta y vinculada al FMLN.
Según Chacón Quintanilla, la causa penal se les inicia por los delitos de privación de libertad, agrupaciones ilícitas y asesinato castigado con 30 años de prisión por la normativa penal de 1973 que fue derogada en 1998 pero que para casos de crímenes de guerra y lesa humanidad está vigente.
En el expediente la Fiscalía menciona que el el 22 de agosto del año 1989, María Inés Alvarenga Leiva fue sacada de su casa, en el Cantón Santa Marta, por los guerrilleros del FMLN y el móvil fue porque los excomandantes dijeron que ella colaboraba con el ejército, razón por la cual la torturaron durante 15 días y luego la ejecutaron en un campamento subversivo.
«En este caso tenemos prueba testimonial que nos refiere como ocurrieron los hechos, a que horas llegaron de la madrugada a sacar a esta persona de su hogar los miembros del FMLN en aquel momento. La llevaron hacia un lugar donde tenían un campamento guerrillero y procedieron a torturarla por aproximadamente 15 días, posteriormente la asesinaron», según Chacón Quintanilla.
Con todos y esos elementos de prueba anexados al expediente la representación fiscal ha solicitado que sigan en prisión y sean enviados a un centro penal.