Fusades, el tanque de pensamiento que aboga por la transparencia y el combate de la corrupción, encierra o ha encerrado entre sus cuatro paredes a miembros que están señalados e investigados de cometer o favorecer actos de corrupción en los gobiernos de ARENA y del FMLN.
Fusades tiene a más de alguno de sus miembros salpicados en casos sonados de corrupción durante los gobiernos areneros de Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca.
El Gobierno del efemelenista Mauricio Funes también tiene entre sus exfuncionarios a miembros de esta organización. En El Salvador, la corrupción ha estado ligada a la oligarquía y a los políticos.
Uno de los casos que ha salido a luz nuevamente por la coyuntura política es el de Luis Mario Rodríguez, quien actualmente es el director del Departamento de Estudios Políticos y que en el cuarto Gobierno de ARENA fungió como secretario jurídico de la presidencia de la república.
Fue el expresidente Elías Antonio Saca —preso por actos de corrupción— quien confirmó a la comisión especial de la nueva Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos en los gobiernos de ARENA y del FMLN que Rodríguez recibió sobresueldos durante su Gobierno.
El exsecretario privado de Saca, Élmer Charlaix, precisó ante los diputados que el salario de Rodríguez era de $2,500 mensuales y $11,000 de sobresueldo. También recibió $3,400 de fondos públicos para pagar la matrícula de sus estudios de doctorado en una universidad de Barcelona, España.
Rodríguez días más tarde confirmó ante la comisión especial que tenía dos pagos en el Gobierno de Saca. «El cargo de secretario tenía una remuneración amparada en acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda de $8,000 más la ley de salario de $2,500», confesó Rodríguez.
En su comparecencia en la comisión especial, Rodríguez planteó que su salario provenía de dos fuentes de financiamiento; una, de la presidencia de la república, y otra, de un acuerdo del Ejecutivo.
El exsecretario de Fusades y exvicepresidente de la república en el tercer Gobierno de ARENA, Carlos Quintanilla Schmidt, también ha sido mencionado como uno de los receptores de sobresueldos. En su declaración en la comisión especial de la Asamblea Legislativa reconoció el pago de una remuneración extra, la cual —a diferencia de otros exfuncionarios– sí la bancarizó y la reportó en su declaración de patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la comisión lo cuestionó porque hubo reparos de Probidad que aparentemente no subsanó.
Salvador Samayoa —del consejo asesor de Fusades— también está señalado por la comisión especial de la Asamblea como receptor de $3,000 mensuales de sobresueldo en el Gobierno de Saca, por su cargo de presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND).
El exgerente de la Sección de Macroeconomía del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades Carlos Acevedo también fue receptor de sobresueldos en el cargo de presidente del Banco Central de Reserva en los gobiernos del FMLN. Confirmó —tal como revelan las copias de los recibos de la presidencia de la república— que mensualmente cobró $5,000 de sobresueldo.
Asimismo, Miguel Lacayo —exdirectivo de Fusades y exministro de Economía en el Gobierno de Francisco Flores— ha sido citado por la comisión especial de la Asamblea a declarar en su calidad de miembro fundador de la Fundación Nacional de Arqueología, una de las ONG que las legislaturas anteriores favorecieron con la entrega de fondos públicos del presupuesto general del Estado.
Fusades rechazó la reforma al Código Procesal Penal, que hará que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, y le propuso a la Asamblea adecuar la propuesta de enmienda para que la aplicación de la imprescriptibilidad surta efectos hacia el futuro desde el día en que entre en vigor.
«La corrupción nos afecta a todos, sin distinción. Se debe promover su combate y prevención, venga de donde venga, del pasado, presente y del futuro, pero apegado al marco constitucional, sin atropellos de derechos fundamentales», escribió Fusades en Twitter.
Además, la institución publicó el documento de seis páginas «Las reglas claras son vitales en todo proceso: aplicar retroactivamente la imprescriptibilidad de la acción penal es inconstitucional».
El congreso aprobó la reforma en medio del escándalo del pago de exorbitantes sobresueldos a exfuncionarios y de transferencias de recursos públicos a ONG con fines político-partidarios.