El régimen de excepción cumplió ayer 11 días de haber entrado en vigor, luego de haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo, con la finalidad de enfrentar el repunte de homicidios provocado por las pandillas entre el 25 y 26 de marzo pasado.
El presidente de la república, Nayib Bukele, destacó ayer que en estos 11 días la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada capturaron a 7,467 pandilleros vinculados con el cometimiento de homicidios, privaciones de libertad, extorsiones, agrupaciones ilícitas, amenazas y tráfico de drogas. El mandatario salvadoreño, quien ha liderado las constantes reuniones con el Gabinete de Seguridad, compartió en Twitter una fotografía de la captura de 36 integrantes de pandillas que delinquían en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín.
La PNC agregó en la misma red social que dichas capturas fueron ejecutadas en coordinación con la Fuerza Armada y son «parte de las acciones contundentes para llevar la tranquilidad a la población» luego del repunte de los homicidios a escala nacional. Aparte de las detenciones, la PNC también reportó el decomiso de armas de fuego de grueso calibre, como AK47, chalecos antibalas, droga, armas cortas, celulares y vehículos que los pandilleros utilizaban para perpetrar los crímenes.
Asimismo, la Policía reportó que el 6 de abril hubo un homicidio a escala nacional. El hecho ocurrió en San Nicolás Lempa, departamento de San Vicente, pero no detalló si la víctima pertenecía a estructuras delincuenciales.
Además del estado de excepción, la Asamblea Legislativa —también a solicitud del Ejecutivo— reformó en la sesión plenaria del martes pasado el Código Penal y la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal. El motivo de la reforma fue para sancionar de 10 a 15 años de prisión a quienes elaboren textos, pinturas, dibujos o grafitis que hagan alusión a las pandillas.
En la sesión plenaria de la semana pasada, la Asamblea modificó al menos siete cuerpos de ley para fortalecer el combate a los grupos terroristas. Por ejemplo, reformó la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal para sancionar con 20 años de cárcel a quienes pertenezcan a las pandillas y con 45 años a los cabecillas.
En esa plenaria también fue reformado el presupuesto general del Estado de 2021 para asignar $20 millones a la Fuerza Armada y $60 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para combatir a las pandillas. El régimen de excepción, así como las reformas para endurecer las condenas contra las pandillas, han sido aprobadas con los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, pero criticadas por los partidos ARENA y FMLN, que en el pasado —según investigaciones fiscales— pactaron con las pandillas.
Además de la oposición política interna, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han rechazado el régimen de excepción aprobado por la Asamblea y las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno Central en las cárceles, a pesar de que la población ha mostrado su apoyo a dichas acciones.
