El exministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela y otras diez personas enfrentan desde hoy la vista pública por una serie de irregularidades detectadas en la construcción y equipamiento de los hospitales San Pedro, de Usulután y Santa Gertrudis, de San Vicente.
Maza Brizuela quien fue el titular de Salud en la gestión presidencial de Elías Antonio Saca, entre los años 2004 al 2009, es acusado por la Fiscalía General de la República de negociaciones ilícitas.
Los jueces procesan también a empresarios de la construcción, contratistas y abogados, por los delitos de estafa agravada, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada.
El pasado 19 de marzo, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador rechazó la pretensión del abogado Lisandro Quintanilla para que se finalizara el proceso penal y enviaron a la Cámara Tercera de lo Penal el escrito de revocatoria interpuesto por el defensor para que los magistrados lo resuelvan, hasta hoy, la Cámara no ha emitido una decisión sobre ese recurso.
En el inicio del juicio el ministerio público menciona que Maza Brizuela en su calidad de ministro de Salud entre el 1 de junio de 2004 y 31 de mayo de 2009, supuestamente avaló una serie de anomalías que causaron un perjuicio económico al Estado de $5.1 millones.
Los fiscales dicen que una pesquisa consistente en análisis financiero contable confirma que, en el proyecto del Hospital San Pedro, lo estafado asciende a $4,090, 052.80 y con el Hospital Santa Gertrudis, la afectación es de $1,052,043.77; haciendo un monto de $5,142,096.57.
El dinero para las dos obras proviene de crédito que el Ministerio de Salud gestionó para reparar nueve hospitales de la red nacional pública denominado «Proyecto Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicio de Salud» (RHESSA).
Este juicio fue ordenado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador tras revocar un sobreseimiento definitivo que en noviembre del año 2017 emitió el Juzgado Primero de Instrucción al conocer el caso que judicializado en el año 2014.
Según la acusación fiscal el exministro de Salud autorizó que se pagara $9,558,737.37 a la empresa CPK Consultores, propiedad del prófugo Enrique Osegueda Giné. La cancelación de ese monto se efectuó luego que la empresa supervisora Asocio CHC-Norcontrol dijera que había un avance de la obra en un 78.3%, al verificar se determinó que eso no era cierto.
La pericia concluyó que el avance del proyecto era del 57% y que el monto a pagar debió ser de $5,981,586.10, de ahí que hubo un exceso en el pago de $3,577,151.27, señala la Fiscalía.