El coordinador del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que el «método Bukele» de la seguridad pública consiste en dos aspectos sencillos: primero, en un Estado fuerte que no pacta con el crimen, y segundo, que aplica la ley.
Ese «método» lo explicó recientemente en una entrevista que dio a la radio 1000 A. M., de Paraguay. «Hasta naciones como Paraguay están interesadas en el “método Bukele” y cómo ha servido para resolver los problemas de seguridad en uno de los países más violentos del mundo», señaló el legislador.
La población salvadoreña reconoce que el Gobierno del presidente Nayib Bukele combate efectivamente a las pandillas. La encuesta de febrero pasado de CID Gallup detalló que nueve de cada 10 ciudadanos aprueban la gestión del mandatario en materia de seguridad pública.
«También les dejé claro que el derecho de los buenos salvadoreños va por encima del de los criminales, que las condiciones en la megacárcel serán duras y que el 95 % de los salvadoreños está contento con el régimen de excepción», añadió Guevara en Twitter.
Desde marzo del año pasado, el Ejecutivo robusteció el combate a los grupos delincuenciales por medio de la aprobación del régimen de excepción, que a su vez motivó la reforma de varios cuerpos de ley para endurecer las condenas carcelarias contra los pandilleros.
Esas modificaciones protegen la identidad de los jueces y magistrados que procesan penalmente a los criminales, y sancionan hasta con 15 años de cárcel a las personas que elaboren o difundan mensajes alusivos a estructuras pandilleriles.
«Los salvadoreños vivíamos en constante zozobra por culpa de los pandilleros, y hace justo casi un año, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, desde la Asamblea Legislativa decretamos un régimen de excepción que metió y sigue metiendo presos a todos los mareros, resumió el legislador cian.
Los partidos tradicionales ARENA y FMLN se oponen a la implementación del estado de excepción; sin embargo, en la campaña presidencial de 2014, sus candidatos, Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén, respectivamente, plantearon usar esa herramienta constitucional para combatir a las maras.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que Quijano se reunió con pandilleros para buscar su apoyo electoral en las urnas, y que por parte del FMLN negociaron con estos grupos delincuenciales los entonces diputados Arístides Valencia y Benito Lara.
