El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha resuelto que la causa penal conocida como Asocambio, avance a la instancia final de vista pública para que un tribunal de sentencia defina la situación jurídica de ocho exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén y 11 exempleados de ANDA.
La Fiscalía General de la República presentó como prueba clave una pericia financiera contable que le fue admitida y en la cual un experto dictaminó que los exfuncionarios se apropiaron de más de más $500,000 a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio), fondos que salieron de las tiendas penitenciarias.
Los imputados que enfrentaron la audiencia son: el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro de esa cartera de Estado, Raúl Antonio López; el exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima; José Roberto Nóchez Melara, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos.
En septiembre de 2021, cuando el ministerio público judicializó el expediente ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, mencionó que el monto malversado ascendía a $14 millones, pero el análisis contable lo redujo a $500,000.
Según la acusación fiscal, los imputados constituyeron Asocambio para desviar fondos de las tiendas institucionales y manifestaron que el fin era ayudar a los programas de los privados de libertad, pero con las pesquisas se verificó que los reos nunca recibieron la ayuda que los exfuncionarios plantearon.
Los fiscales han sostenido que los bienes y activos desviados de las tiendas institucionales fueron para beneficiar a Asocambio una sociedad privada que solo perseguía un beneficio personal para sus fundadores ya que se incrementaron salarios y adquirieron vehículos. A la audiencia preliminar hubo exfuncionarios que no comparecieron ya que algunos huyeron luego que en la primera diligencia judicial se les otorgó medidas y cuando una cámara revocó la resolución que los favorecía ya no fueron localizados, pero son procesados gracias a las reformas al Código Procesal Penal que faculta a los jueces encausarlos como reos ausentes.
