La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su lista de investigaciones 213 casos de masacres y otros hechos de violencia cometidos durante el conflicto armado, y hay un total de 21 ya judicializados, es decir, en los tribunales respectivos donde se establecerán las responsabilidades contra los autores.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó ayer a los diputados de la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa que los asesinatos ocurridos en el período de la guerra civil solo pueden tipificarse como delitos de lesa humanidad, debiendo tener la FGR las herramientas jurídicas necesarias para investigarlos.
«Si ustedes [diputados] van a emitir una nueva ley, es necesario que tipifiquen como delitos de lesa humanidad estos hechos, porque solo así podremos procesar a los hechores bajo esa figura», puntualizó Delgado.
A juicio del fiscal, esa tipificación obedece a que son casos de ataques directos cometidos contra la población civil que no formaba parte de los bandos combatientes.
Además, Delgado mencionó que la normativa actual no permite procesar a los perpetradores bajo delitos de lesa humanidad, y esa es la causa principal para la solicitud ante la comisión.
Los diputados y el fiscal coincidieron en que la ley en formación permitirá resarcir a las víctimas de la guerra con un acto de justicia transicional.
Entre los casos que ya están en la etapa judicial se encuentran las masacres de El Sumpul, Las Hojas, El Calabozo y el de los seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Un aspecto que remarcó ayer Rodolfo Delgado es que la Ley de Amnistía promulgada en 1993 limitó el funcionamiento de la Fiscalía para investigar los hechos, y finalmente le quitó herramientas, lo que derivó en la impunidad de los casos.
También explicó que la FGR no tiene cuantificada la totalidad de víctimas del conflicto armado, ya que hay personas que se siguen presentando en esa calidad, y por lo tanto no hay un consolidado.
«Es ahí donde necesitamos que ustedes tipifiquen la condición de “víctima”, para poder categorizar a las personas afectadas», apuntó.
Otra situación que expuso el fiscal general ante los diputados de la comisión es que muchas de las víctimas ya son de avanzada edad y existe el riesgo de sus decesos por causas naturales.
Por ello, solicitó que se incluya la declaración anticipada como parte de las pruebas de los diferentes hechos.
«Las declaraciones anticipadas son la única manera de documentar lo que ha ocurrido, y puede ayudar a complementar investigaciones. Esto garantizaría que la evidencia esté preservada», argumentó.
Los diputados de la comisión de justicia reiteraron que la apuesta para que El Salvador tenga una ley de justicia transicional permitirá resarcir en verdad a las víctimas del conflicto armado.
«Nuestro único bando es el pueblo salvadoreño. Arrancaron de sus brazos a sus hijos, a sus hermanos, los masacraron y después de 30 años siguen llorándolos sin haber conocido la verdad», expresó la legisladora Rebeca Santos, presidenta de la referida comisión.
Los diputados también escucharon ayer a los representantes de la Asociación Víctimas Demandantes (VIDAS), quienes enfatizaron que la ley que se apruebe debe procurar la no repetición de los hechos, dignificar y reparar la memoria de los fallecidos y sus familiares, y que se construya con base en aportes de diferentes sectores que estén involucrados en el apoyo a las víctimas de la guerra civil que desangró al país durante 12 años.
