La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de inicio de este siglo quitó a la Sección de Probidad la facultad de pedir a los bancos del sistema financiero información de las cuentas de funcionarios y exfuncionarios sobre los que existían sospechas de enriquecimiento ilícito.
Con los votos de 10 de 15 magistrados, la corte plena de la CSJ prohibió en junio de 2005 a dicha oficina solicitar datos sobre el secreto bancario, en momentos en que se indagaba el patrimonio del expresidente arenero Francisco Flores y algunos de sus exfuncionarios.
«Las solicitudes de información que afecten el secreto bancario deben acordarse por corte plena y comunicarse a través de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», dice el acuerdo tomado por los máximos representantes del Órgano Judicial. Para entonces, la Sección de Probidad había requerido a los bancos informes de las cuentas del expresidente por el partido ARENA y de otros exfuncionarios.
Flores murió en arresto domiciliar en enero de 2016, mientras se desarrollaba la investigación judicial que lo procesaba por corrupción derivada del desvío de una millonaria ayuda de Taiwán. Cuando se tomó la decisión, la CSJ era presidida por el abogado Agustín García Calderón, quien ocupó la silla principal del Poder Judicial desde 2000 hasta 2009. García Calderón fue condenado a principios del año pasado por enriquecimiento ilícito, debiendo regresar al Estado $230,863.77, además de ser inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, según la Fiscalía.
El acuerdo que le restaba facultades a la Sección de Probidad fue tomado luego de que los bancos enviaron cartas a la CSJ en las que le preguntaban si esta oficina tenía la potestad para requerir informes sobre las cuentas de los exfuncionarios indagados. También se le prohibió solicitar informes al Ministerio de Hacienda, que por ley estaba facultado a proporcionar la información requerida de los funcionarios investigados.
La prohibición fue levantada en 2014 en reunión de corte plena, que con su decisión le devolvió la facultad de pedir informes al sistema financiero sobre las cuentas bancarias relacionadas con funcionarios y exfuncionarios sospechosos de enriquecimiento ilícito.