Cuatro gobiernos de ARENA en 20 años. Ese es el período al frente del Ejecutivo del partido tricolor durante el que privatizó una gran cantidad de servicios estatales, dolarizó (sin consulta) la economía, otorgó sobresueldos y desfalcó el erario, esto está consignado en el legajo fiscal y judicial de cuatro administraciones.
Entre 1999 y 2009, el control del Ejecutivo estuvo bajo la responsabilidad de Francisco Flores y Elías Antonio Saca, en períodos de cinco años cada uno. Los dos expresidentes han sido judicializados en los tribunales respectivos por sendos casos de desfalco. Flores fue investigado por el desvío de $10 millones provenientes de las donaciones del Gobierno de Taiwán para las víctimas de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001.
Diez años después, en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó con las respectivas indagaciones. Ante una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa en 2014, Flores aceptó que desvió esos $10 millones hacia cuentas del partido ARENA.
En 2016, y con el proceso abierto, Flores falleció el 30 de enero. Con esto se extinguió la responsabilidad penal en su contra.
Sin embargo, el caso Taiwán no terminó con el fallecimiento de Flores y se continuó la investigación de Elías Antonio Saca, a quien la FGR le imputó otros desfalcos al Estado por medio de sustracciones de millones de dólares de la partida secreta de gastos reservados de la presidencia.
Saca fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero, y se le adjudicó la sustracción de más de $260 millones.
Junto con él también fue sentenciado a la misma pena su secretario privado, Élmer Charlaix; mientras que su secretario de Comunicaciones, Julio Rank, recibió una condena por cinco años por lavado de dinero; y el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) César Funes también fue sentenciado con la misma condena.
Durante 20 años, la corrupción de los gobiernos areneros instauró todo un sistema en el aparato estatal que pasó de la asignación de sobresueldos a funcionarios y operadores políticos a la negociación directa con pandilleros para las elecciones presidenciales de 2014.
Recientemente, el partido fue obligado a devolver los $10 millones del caso Taiwán. Al ser parte del Consejo Ejecutivo de ARENA cuando llegaron dichos fondos, Juan Tennant Wright, extesorero de ese organismo partidario, y Gerardo Balzaretti, expresidente del Centro de Estudios Políticos, deberán pagar $2 millones cada uno. A Saca se le ordenó pagar los $6 millones restantes.
Por otros delitos están siendo procesados los exalcaldes de San Salvador y exdiputados de la Asamblea Legislativa Ernesto Muyshondt y Norman Quijano.
Además, contra Quijano el congreso ejecuta un proceso de antejuicio para retirarle la inmunidad constitucional que le entrega la investidura como diputado por El Salvador ante el Parlamento Centroamericano.
El desfalco del Estado por parte de los funcionarios de ARENA conllevó que no se ejecutaran proyectos pactados y financiados con fondos públicos.
Uno de estos casos fue el desfalco ejecutado mediante la Asociación Infocentros, S. A. al Banco Multisectorial de Inversiones (BMI, ahora Banco de Desarrollo de El Salvador).
Por este hecho Nicola Angelucci fue sentenciado en 2019 a 10 años de cárcel acusado de los delitos de peculado y asociaciones ilícitas. Su defensa jurídica apeló la sentencia y la Cámara Tercera de lo Penal la anuló y ordenó que se repitiera el proceso.
Esta larga lista de casos de corrupción continúa generando el rechazo de la población hacia el partido ARENA. La Asamblea Legislativa ha creado dos comisiones especiales para investigar la asignación de sobresueldos y la entrega irregular de fondos a ONG fachadas; casos que incluyen a dirigentes y personeros vinculados al instituto tricolor.