La bancada de Nuevas Ideas presentó ayer a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la ley del historial crediticio, entre las que destacan la emisión del finiquito de cancelación de crédito en un plazo de 24 horas, la protección de datos y nuevos derechos de los consumidores y clientes, un rol más protagónico de instituciones del Estado y el endurecimiento de sanciones económicas.
«En este paquete de reformas estamos protegiendo y reforzando el derecho a la autodeterminación informativa, [que] es un derecho constitucional que tenemos los salvadoreños. También estamos velando por los derechos al honor y a la intimidad», dijo la diputada Dania González.
El pliego de enmiendas a la normativa ocurre luego de la sesión de trabajo de la comisión financiera del congreso con los representantes de los burós crediticios, tras las denuncias relacionadas con cobros abusivos y la implementación de prácticas que afectan la obtención de créditos.
«Estas empresas van a seguir funcionando bajo nuevas y mejores reglas, reglas que responden a los intereses de los salvadoreños», valoró González, quien preside la comisión financiera del congreso.
Las enmiendas permitirán, además, la actualización de datos cada 15 días, la instalación de centros de atención en los 14 departamentos, el uso de tecnología más accesible para los usuarios y la emisión de alertas para el usuario cuando sus datos sean consultados.
Las reformas también establecen que no será considerado como saldo negativo del usuario la falta de pago de membresías de tarjetas de crédito sin saldo de capital o intereses vencidos.
El historial crediticio no será afectado en tiempo de crisis derivadas por pandemia, desastres naturales o colapsos financieros en el tiempo que determinen las autoridades. Las reformas darán un rol más protagónico al Banco Central de Reserva (BCR), a la Defensoría del Consumidor (DC) y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para evitar abusos contra los consumidores.
La verificación del cumplimiento de la ley, el acceso irrestricto a la base de datos, la autorización de cobros, modificación de contratos y las inspecciones estarán ahora mejor diligenciados por la DC, el BCR y la SSF. Las enmiendas aplican multas desde 20 hasta 1,000 salarios mínimos del sector comercio y servicios, así como el cierre, ello derivado del cometimiento de faltas graves y muy graves por parte de los agentes económicos y de las agencias de información de datos.