Integrantes de los partidos ARENA y FMLN fueron parte de las juntas directivas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) fachada que resultaron favorecidas con dinero del presupuesto general del Estado que les dieron diputados rojos y tricolores cuando tuvieron el control de la Asamblea Legislativa.
Ahora que una comisión especial investiga las irregularidades en el desembolso de dichos recursos públicos, los exdirigentes de estas ONG, que al mismo tiempo de ser directivos eran —en algunos casos— funcionarios, asumen olvido, han salido del país y cuestionan cualquier hallazgo que los implique, argumentando el ya trillado calificativo de «persecución política».
Pero las pruebas son contundentes. Por ejemplo, siendo diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón recibió $316,650 para la Fundación Ambientalista de Santa Ana (Fundasan), que fue establecida por ella. No hay claridad de cómo fue utilizado ese dinero, según la comisión especial de la Asamblea que investiga a las ONG fachada y con vínculos político-partidarios.
Como diputada, Calderón de Escalón fue parte de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea, que es la encargada de estudiar, discutir y aprobar el presupuesto general del Estado para cada ejercicio fiscal.
ARENA designó en varias ocasiones a De Escalón para que negociara en Casa Presidencial con funcionarios del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Encabezó la negociación que obligó a esa administración aprobar en 2017 la Ley de Responsabilidad Fiscal a cambio de que el tricolor diera sus votos para permitir la emisión de $500 millones en bonos.
Otro caso: cuando en 2009 Mariella Peña Pinto era diputada de ARENA y también estaba asignada a la comisión de hacienda, la Fundación Nacional de Arqueología (Fundar) —de la cual ella era la protesorera— recibió $180,000 del presupuesto general del Estado.
Peña Pinto fue citada por la comisión especial a declarar el 11 de noviembre de 2021 por la asignación de esos fondos; sin embargo, en su comparecencia alegó que ya se había desligado de esa ONG.
«Acabo de saber que estaba en la junta directiva, y cuando vieron que yo no llegaba [a las reuniones de la ONG] me sacaron», se justificó Peña Pinto, cuya organización recibió entre 2005 y 2009 un total de $580,800.
A la junta directiva de Fundar también pertenecía Miguel Lacayo, exministro de Economía en el tercer Gobierno de ARENA. Fue citado en dos ocasiones a declarar ante la comisión especial, pero no llegó; por tanto, al ser localizado será llevado por apremio (con agentes policiales) a rendir su declaración.
Por el lado del FMLN: Lorena Peña es miembro constituyente de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (Fundaspad), la cual recibió $700,000 del presupuesto general del Estado cuando ella era diputada efemelenista y presidenta de la comisión de hacienda de la Asamblea.
Además de ser miembro constituyente de esa ONG, también es fundadora de la Asociación de Mujeres Mélida Ana ya Montes (Las Mélidas), organización que entre 2011 y 2019 recibió al menos $518,890 de fondos públicos.
La exlegisladora fue citada a declarar el 17 de julio de 2021, y en su comparecencia reconoció que en el pleno legislativo siempre votó a favor de que las ONG a las que pertenecía recibieran recursos del presupuesto nacional.
De Fundaspad también son miembros fundadores Eugenio Chicas y Jorge Schafik Hándal. El primero fue diputado de la Asamblea Legislativa por el FMLN y secretario de Comunicaciones de la presidencia de la república en el Gobierno de Sánchez Cerén. En el caso de Hándal, fue diputado en la legislatura 2018-2021, y no fue reelecto.
Ambos fueron citados a declarar ante la comisión especial, aceptando que las viejas legislaturas sí acordaron darle dinero del presupuesto estatal a esa ONG.
De igual manera, la Asociación de Mujeres Tecleñas recibió $70,000 del presupuesto estatal entre 2016 y 2017, y también la constituían miembros del FMLN como Liduvina Magarín, exministra para los salvadoreños en el exterior en el Gobierno de Sánchez Cerén, y Elda Gladis Tobar Ortiz, esposa del exvicepresidente de la república y actual secretario general del FMLN, Óscar Ortiz.
Todas las irregularidades en la asignación de fondos públicos a las ONG fachada en las legislaturas anteriores ya fueron investigadas por los diputados de la comisión especial junto con un equipo de abogados.
Por el momento han establecido que se configuraron los delitos de peculado, malversación de fondos públicos, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, y en las próximas horas definirán si presentan un aviso o una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR).
