El próximo 4 de octubre se tiene previsto se realice la audiencia inicial contra seis militares implicados en la violación de una menor de edad cuando la víctima y otros acompañantes regresaban de la playa Mizata, La Libertad, el sábado 23 de septiembre a las 6:30 de la tarde.
Tanto el presidente de la república, Nayib Bukele, como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dejaron entrever que este tipo de crímenes no quedarán impunes y que los responsables tienen que enfrentar la justicia.
«Lo primordial es que se haga justicia y que los responsables paguen por sus crímenes; pero que esto también sirva como recordatorio de la importancia de la constante depuración de los malos elementos, que existen en todas las organizaciones humanas», expresó el mandatario.
Mientras que el presidente de la Asamblea hizo hincapié en que «La justicia en este país es ahora para todos. Nunca seremos tapadera de nadie. Quien comete un delito que enfrente las consecuencias. El Salvador no será más un país donde las leyes no se cumplan».
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, manifestó que como institución «Nuestro objetivo siempre será la protección de los más vulnerables y le caeremos con todo el peso de la Ley a los criminales, sin importar quiénes sean».
Delgado agregó que «este caso sirva para dejar claro que este es un nuevo país y estos que juraron defender a su patria, deberán pagar caro el daño ocasionado a una niña y su familia».
También hubo reacciones por parte del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien afirmó que el país dejó de estar bajo el sistema que permitía la impunidad en los gobiernos anteriores, agegó que «Ninguna persona está por encima de la ley».
El funcionario aseguró que como autoridades «Condenamos rotundamente este tipo de actos» y que en El Salvador «ya no existe la justicia selectiva, ahora la ley aplica para todos».
MILITARES SON ACUSADOS EN TRIBUNALES
El jueves 28 de septiembre, la Fiscalía presentó el requerimiento contra los señalados en el Juzgado de Paz de Teotepeque, donde fueron acusados de los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual.
Los militares procesados son: Héctor Ovidio Alvarado Rivera, con grado de sargento, quien es acusado de ser el autor directo del crimen; los cinco soldados restantes en calidad de cómplices necesarios, son: René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez y Eder Ovidio Salazar Molina a quienes se les sumará los delitos de lesiones y amenazas con agravación especial.
La fiscal del caso explicó que el sargento Alvarado Rivera fue quien «procede a llevarse a una de las víctimas a una parte desolada donde la abusa sexualmente mientras los demás soldados se quedan amenazando y golpeando a las otras víctimas».
La Policía informó, la tarde del jueves tras la presentación de la acusación fiscal, que los militares en cuestión fueron trasladados de las bartolinas del puesto policial de Conchalío hacia el Juzgado de Paz de Teotepeque, La Libertad.
El 26 de septiembre, durante una entrevista televisiva, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, explicó que constantemente se le advierte a todo el personal militar de que, quien cometa delitos será puesto a disposición de las autoridades competentes «para que respondan por cualquier delito que hayan cometido; en este caso (Mizata), la Fiscalía ya lo tiene y le colaboramos (…) inmediatamente la autoridad tiene que proceder como contra un delincuente».
