Un total de 86 empleados de la Asamblea Legislativa, asignados a cinco fracciones, se pusieron chaleco partidario entre el 27 de diciembre y el 24 de febrero para competir por una curul como diputado propietario o suplente para la legislatura 2021-2024.
El acta de resultados de las elecciones legislativas y municipales divulgada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), contrastada con el listado público del personal asignado por la Asamblea a las fracciones legislativas representadas en el parlamento, da fe de que 86 empleados, con sueldos de entre $315 y $3,500 mensuales, corrieron por diputaciones en distintos departamentos del país.
La nómina la encabeza el FMLN que vistió a 24 empleados, de 199, para que buscaran un escaño en la conformación del nuevo parlamento, que tomará posesión a partir del 1.º de mayo de este año.
Marleni Esmeralda Funes Rivera, quien según el listado de empleados labora como asistente de fracción del FMLN y percibe un salario mensual de $2,000, ganó un escaño como diputada propietaria por el departamento de Usulután. Actualmente, Funes Rivera es diputada suplente y es la única de los empleados legislativos al servicio del FMLN que ganó una curul, pero su elevado sueldo no es exclusivo.
De hecho, solo cinco de los exaspirantes a diputados de esta fracción legislativa perciben un salario menor a $1,000 mensuales. De las 24 personas que corrieron por candidaturas en el FMLN, 12 lo hicieron por San Salvador, cinco por La Libertad, dos por Usulután y uno por los departamentos de San Vicente, Sonsonate, San Miguel, Morazán y Santa Ana.
Mensualmente, la Asamblea Legislativa eroga $37,893 para el pago de los 24 empleados del FMLN que querían ser diputados. Al año es un gasto de $454,716. El PCN también enlistó a 24 de sus 185 empleados para que lo representaran como diputados en la próxima legislatura. El salario que perciben al mes en la Asamblea es menor en su totalidad al monto del FMLN, pero no deja de ser una erogación importante.
Por ejemplo, Manuel Alfonso Rodríguez Zaldaña, quien lanzó diputación por Ahuachapán y que labora como colaborador administrativo, devenga un sueldo mensual de $3,500; Rafael Antonio Jarquín Larios, candidato por Sonsonate y con plaza de asesor, $3,200; Elizardo González Lovo, exdiputado con plaza de técnico IV y quien corrió por San Miguel, devenga $2,500.
En el caso de las 24 personas que se tallaron los chalecos del PCN, reciben un salario total de $29,035 al mes, lo que se traduce en una erogación de fondos públicos de $348,420 al año.
ARENA tampoco es ajena a este fenómeno. Fueron 19 de sus 350 empleados de fracción los que compitieron por diputaciones. Entre ellos está Rafael Antonio Lemus Gómez, quien desempeña el cargo de asesor.
Son $23,350 los que estos 19 empleados reciben mensualmente, que multiplicado por 12 meses alcanza los $280,200. Lemus Gómez compitió para ser diputado en la legislatura 2015-2018 y 2021-2024, pero nunca ha sido elegido por los votantes. En GANA, partido de la golondrina, participaron 13 de sus 238 empleados.
Por ejemplo, Camilo Alexánder Romero Cruz tiene el cargo de colaborador administrativo en esa fracción y devenga mensual[1]mente $2,500. En las elecciones del 28 de febrero pasado compitió por una diputación propietaria por el departamento de San Salvador.
Mensualmente la Asamblea Legislativa eroga $12,300 para pagar los salarios de esos 13 empleados; el gasto anual es de $147,600. Mientras que el PDC, liderado por el diputado Rodolfo Párker, postuló a seis de sus 76 empleados.
El gasto mensual en los salarios de los seis es de $4,000. Por ejemplo, Max Orlando Meléndez Lucero es colaborador administrativo de la fracción del PDC con un salario de $1,365 mensuales y fue el candidato a diputado suplente de Párker.
En suma, los empleados de las fracciones de ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC que compitieron por una curul en las elecciones del 28 de febrero pasado le cuestan mensual[1]mente al Estado $106,578. El único partido con representación en la Asamblea Legislativa que no postuló a empleados como diputados fue Cambio Democrático (CD).
En las últimas semanas la Asamblea ha estado en el «ojo de la tormenta» después de que el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) denunció la existencia de plazas fantasma.
Eso llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a efectuar un allanamiento para buscar documentos que confirmen el hecho. El minis[1]tro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó que son $75 millones los que se habrían utilizado en estas plazas irregulares en esta legislatura.
Sin embargo, no solo la existen[1]cia de plazas fantasma es un mal que salpica al parlamento. Reconocidos analistas han argumentado que entre los «padres de la patria» ha impera[1]do una partidocracia que obedece a que haya más de 2,400 empleados para 84 diputados.