José Óscar Armando Pineda Navas presentó su «renuncia» como presidente de la Sala de lo Constitucional, luego de ser destituido por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo.
«En mi calidad de presidente de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial me dirijo al pleno de la Asamblea Legislativa (…) estimo necesario expresar que jamás he estado vinculado, ni he respondido a intereses de partidos político, ni de ningún poder económico o de cualquier otra naturaleza», reza parte de su carta de «renuncia».
«En virtud de lo anterior, aunado a razones personales y familiares diversas, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo de presidente de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial para el periodo que constitucionalmente fui electo, que finaliza el 30 de junio del corriente año, con efectos a partir de esta fecha», se lee en el documento firmado por el expresidente de la Sala destituido.
José Óscar Armando Pineda sería el cuarto de los cinco ex magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que han presentado sus «renuncias» luego que ya habían sido destituidos con 64 votos por la nueva Asamblea Legislativa el 1° de mayo.
Mismo día, durante la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024, se aprobó un dictamen favorable para la destitución del cargo al fiscal general de la República, Raúl Melara, asegurando que su elección presentó vicios de inconstitucionalidad debido a la vinculación material de Melara con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El pasado 2 de mayo, la primera vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, explicó las causas legales por las que fueron destituidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Suecy Callejas enlistó las causas y explico que una de ellas fue la «emisión de sentencias que limitaron las facultades indispensables para el control de la pandemia de la COVID-19 en El Salvador». De igual forma, se refirió a la modulación de sentencias para justificar decisiones arbitrarias que ocasionaron la violación de derechos y garantías en el ámbito constitucional.
Asimismo, la primera vicepresidente de la Asamblea Legislativa enfatizó el irrespeto al principio de legalidad como límite a las actuaciones de todo funcionario público; además señaló que la Sala de lo Constitucional invadió las funciones propias de otros órganos del Estado.